¿La Alianza Ciudadana legitimará las elecciones que ya ganó Ortega?

La Alianza Ciudadana, que en sus orígenes fue Vamos con Eduardo, ALN, el PLI, y finalmente Ciudadanos por la Libertad, le disputó el poder al FSLN cuando en 2008 Montealegre salió electo alcalde de Managua y el CSE le asignó la alcaldía a Alexis Argüello.

De esa fecha para acá ha corrido mucha agua bajo el puente al punto que la Alianza Ciudadana es la alianza política entre Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica, constituida al calor de las protestas populares contra la dictadura en 2018.

En este momento, la Alianza Ciudadana es supuestamente la única organización política de oposición a la dictadura, empeñada en seguir participando de la tragedia electoral con Ortega. Y digo tragedia porque esta es una trama teatral que siempre tiene un final triste y doloroso. Y si es una trama teatral es porque alguien escribió el guion y todos los actores tienen un papel predeterminado por quien escribió el guion y el director de la obra se asegura que cada quien cumpla exactamente con su parte.

Revisemos, escena por escena, la parte de la trama teatral que le fue asignada a la Alianza Ciudadana y que está cumpliendo con eficacia, como viejos actores consumados.

Primero, se empeñó en negar sistemáticamente la existencia de la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Segundo, dijeron que no iban ni a la esquina con grupos de la diversidad sexual, con quienes alguna vez habían sido sandinistas, con grupos feministas, porque querían una alianza de principios y eso era imposible entre derecha e izquierda, que es falsa la contradicción entre dictadura y democracia.

Tercero, cuando la dictadura le quitó la personaría jurídica al PRD, la AC dijo que también desaparecía la Coalición Nacional y que por tanto, no tenía ningún sentido hablar de una alianza electoral nacional.

Cuarto, la Alianza Ciudadana dijo que escogerían a sus candidatos bajo una fórmula elaborada exclusivamente para favorecer al candidato de su preferencia, que en ese momento era Arturo Cruz, a pesar de que también se inscribieron como precandidatos Juan Sebastián Chamorro, Noel Vidaurre y Américo Treminio.

Quinto, la presión nacional obligó a la AC a permitir que los candidatos de la Coalición pudieran inscribirse como precandidatos de la Alianza. Para ello impusieron una serie de requisitos de los cuales resaltó uno: que los precandidatos que no resultaran ganadores se obligaban a respaldar a quien saliera electo. Esto pretendía que todos apoyaran a Arturo Cruz.

A pesar de las restricciones y los ataques permanentes de los directivos de la Alianza contra los miembros de la Coalición, fueron a inscribirse como precandidatos Félix Maradiaga, George Henríquez, María Eugenia Alonso y Luis Fley. Medardo Mairena fue secuestrado por la Policía de la dictadura antes de ir a inscribirse como precandidato.

También llega Cristiana Chamorro a manifestar su interés de inscribirse como precandidata y hace sugerencias para cambios de fondo en el método para escoger al candidato o candidata. En ese momento Cristiana Chamorro es la precandidata con más opinión favorable entre la oposición.

Sexto, hay un total de nueve precandidatos y precandidatas: Arturo Cruz (el preferido de la Alianza en ese momento), Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Noel Vidaurre, Américo Treminio, Félix Maradiaga, George Henríquez, Magda Alonso y Luis Fley. El que menos simpatías tiene es Noel Vidaurre. La Alianza dice que deberá haber una competencia interna basada en encuestas, debates, preparación académica y experiencia laboral.

Séptimo, ante la amenaza de que por fin se logre tener un candidato único de la oposición, Ortega empieza una cacería de precandidatos. Captura a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena. Además captura a toda la dirigencia del movimiento Unamos, antes MRS, dirigentes campesinos y estudiantiles, un cronista deportivo crítico acérrimo de la dictadura, dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y unos dirigentes empresariales. En total 26 secuestrados. La Alianza Ciudadana insiste en que hay seguir participando en el proceso electoral y que inscribirán como candidato “al que quede” sin ser capturado, o sea que reniegan de su método de selección. Es decir, que inscribirán al que escoja Ortega.

Octavo, la dictadura desata una feroz campaña contra todo lo que considere oposición. Ataca a periodistas, médicos, abogados, excarcelados políticos. Ataca a quien considera sospechoso de generarle alguna opinión que no coincida con sus intereses. Cientos de nicaragüenses salen al exilio para proteger su vida, la gente tiene miedo de expresar su opinión en los medios de comunicación y se produce un apagón informativo. La Alianza Ciudadana dice que a pesar de todo eso, siguen adelante con su participación en el proceso electoral.

Noveno, la Alianza Ciudadana dice que no tiene dinero, que nadie le quiere financiar la campaña electoral, que han ido a los bancos a solicitar un crédito y se lo niegan. Este anuncio abre un abanico de aristas: 1) la Alianza Ciudadana tiene entre sus filas a grandes empresarios que podrían financiar diez campañas electorales. Uno de ellos es el propio vicepresidente de CxL, Óscar Sobalvarro, que no tenía un centavo cuando salió de la Contra y ahora es uno de los más prominentes ganaderos del país. En este momento se encuentra dedicado a su negocio de EXPICA; 2) si la Alianza Ciudadana le dice a los bancos que la garantía de pago es el reembolso que les hará el Consejo Supremo Electoral, los bancos tienen toda la razón de no prestarle el dinero. Ninguno de los empresarios de la Alianza Ciudadana quiere dar como garantía alguno de los cuantiosos bienes que tienen; 3) partiendo de que los grandes empresarios actúan bajo la lógica de las ganancias, la negativa a poner de su dinero indicaría que no tienen ni la más mínima confianza en que Noel Vidaurre vaya a tener más que un puñado de votos. A pesar de eso, la Alianza Ciudadana dice que hará su campaña con el apoyo de buenos samaritanos.

Décimo. La AC dice que en vista de que no hay condiciones para implementar ningún método para escoger a sus candidatos, lo harán mediante una elección interna en que solo participarán sus propios miembros.

Décimo primero, la Alianza Cívica elige a la Dra. María Asunción Moreno como su candidata a la presidencia del país y anuncia su intención de inscribirla como precandidata en la Alianza Ciudadana. Recordemos que la Alianza Cívica es el aliado político más importante de CxL en la Alianza Ciudadana. Toda la oposición cree que la Dra. Moreno es mucho mejor candidata que Noel Vidaurre y que no habrá problema en que la Alianza Ciudadana la inscriba dada la estrecha relación política con la Alianza Cívica.

Décimo segundo, los precandidatos Noel Vidaurre y Américo Treminio dicen que los directivos de la Alianza Ciudadana les comunicaron que la lista de precandidatos ya está cerrada y que la Dra. Moreno queda fuera de la competencia interna. Un alud de críticas le llueve a la Alianza Ciudadana, desde sus propias filas. La Dra. Moreno es citada por la Fiscalía sin señalarle causa de ningún tipo ni motivo para ser citada. La Dra. Moreno no llega a la Fiscalía aduciendo que está enferma. La Fiscalía cita al médico que la atendió y le obliga a llevar el expediente para buscar datos que les permita dar con el paradero de la Dra. Moreno.

Décimo tercero, Óscar Sobalvarro declara que la Dra. Moreno no puede ser precandidata porque no cumplió con el requisito de llegar personalmente a dejar su solicitud a la AC, a pesar de que es un hecho público y notorio que la Policía anda tras ella. Esto provoca un cisma en la Alianza Ciudadana porque están rechazando de previo a la precandidata de su principal aliada política, como es la Alianza Cívica, con lo cual queda evidenciado que la Alianza Ciudadana ya decidió quién será su candidato a la presidencia sin haber pasado por ningún proceso de selección, ni siquiera por el propio proceso que diseñó la AC. Hasta este momento, todo apunta a Noel Vidaurre. Las peores elecciones posibles, con el peor partido político posible, con el peor candidato posible. El guion se cumple a cabalidad.

Décimo cuarto, la Policía orteguista captura a diez dirigentes campesinos de Río San Juan y horas después los libera. Uno de esos campesinos, miembro de CxL, declara que nadie apoya a Noel Vidaurre y que no votarían en noviembre si lo mantienen como candidato. Esto podría abrir la posibilidad de que al final sea otro el candidato. Pero cualquiera que sea el candidato de la Alianza Ciudadana, lo más importante de todo es que la Alianza Ciudadana ya cumplió su parte de la trama. Está avalando un proceso electoral que ha sido rechazado por la gran mayoría de la oposición en Nicaragua y por la comunidad internacional. Incluso hay países que ya están diciendo que estas elecciones son ilegítimas.

En estas circunstancias es muy difícil que la Alianza Ciudadana motive a la población a votar para enterrar a Ortega con una montaña de votos. No solo porque el marco electoral está viciado de nulidad desde su origen, sino porque no cuenta con candidatos que generen confianza en la población. Tan es así que en una entrevista brindada a Esta Semana el domingo 18 de julio, ninguno de los dos precandidatos dijo una sola palabra sobre justicia. Incluso Vidaurre llegó a decir que aunque tuvieran los votos necesarios en la Asamblea Nacional no podrían cambiar a los miembros del Consejo Supremo Electoral porque acaban de ser nombrados por cinco años. Es decir, las elecciones de 2026 serían organizadas por este mismo CSE, según Vidaurre. Esto es lo que le gusta a Ortega.

Así las cosas, se hace obvio que el único interés de la Alianza Ciudadana es conservar su personería jurídica, constituirse como la segunda fuerza electoral y reconocer como válido el proceso electoral. Es decir, Ortega consigue que le reconozcan su elección con lo cual supuestamente desmontaría todo el entramado de sanciones y aislamiento en que está atrapado y la Alianza Ciudadana luce su esplendoroso segundo lugar.

La gran equivocación de Ortega y la Alianza Ciudadana es que nadie reconocerá como legítimas unas elecciones con el actual marco electoral, con los rehenes electorales metidos en El Chipote, sin observación electoral independiente y creíble, con el actual Consejo Supremo Electoral. Este es un negocio de perder-perder. El régimen de Ortega sigue aislado y sancionado y la Alianza Ciudadana pasa a la historia como la más proterva traidora a la patria.