Difícil que las negociaciones de Oslo por Venezuela lleguen a buen puerto

Hablar de negociación en Venezuela no es fácil, pero nadie debe sorprenderse de que buena parte de los opositores a Nicolás Maduro se nieguen a sentarse en Caracas, en Oslo o en donde sea con quienes no conciben la política fuera del poder. El régimen chavista se ha burlado de este mecanismo en ocasiones anteriores, utilizándolo descaradamente para ganar tiempo y desinflar la crisis de turno.

Para sentarse a buscar un punto medio debe haber puntos en común. Por ejemplo, una negociación entre el Estado español y los independentistas catalanes no tiene buen pronóstico. Una parte defiende la unidad territorial y la contraparte quiere separarse como sea. En Venezuela, el gobierno de Juan Guaidó no está dispuesto a ceder en el hecho de que el madurismo debe abandonar el Ejecutivo y en el madurismo hay quienes no están dispuestos a abandonar el Ejecutivo.

Ese no concebir la política fuera del poder comenzó en el chavismo como un principio ideológico. Algunos lo han abandonado. De hecho, la mayoría. Unos por la presión externa producto de las sanciones y otros porque han comprendido que la única forma de mantenerse en la vida política es cediendo. Recuerden, la política es negociación y la negociación implica ceder.

Caso aparte es el del grupo que no califica para el perdón y que forma parte más de una organización criminal que de un grupo político. Conocidos como el Cartel de Los Soles, han preferido construirse una jaula de oro sobre las ruinas de Venezuela que pasar el resto de sus días en una prisión de cemento en Estados Unidos. A pesar de la miseria, sus negocios siguen siendo altamente lucrativos. La producción petrolera puede estar en mínimos y las reservas económicas saqueadas, pero recordemos que en Colombia la producción de droga ha alcanzado máximos históricos y esa mercancía es distribuida por la guerrilla junto a sus socios en el poder venezolano. Además, el régimen de Maduro ha entregado una de las mayores reservas de oro y minerales del mundo, conocida como el Arco Minero en Guayana, a los garimpeiros brasileños, a los militares y a los colectivos paramilitares.

Para la Asamblea Nacional y la comunidad internacional es muy difícil ofrecer incentivos a este grupo para que se pasen de bando. La lucha interna de las agencias estadounidenses también juega. El jefe político de este cartel criminal es Diosdado Cabello, considerado como un trofeo por la DEA. Veamos el caso de Hugo Carvajal. El general, detenido en España con solicitud de extradición a EEUU, fue el gran jefe de la contrainteligencia militar venezolana. Gozó de todo el favor de Hugo Chávez y fue uno de los hombres más fuertes. Este año, sin embargo, reconoció a Guaidó como presidente.

Carvajal está sancionado por EEUU y es buscado por la DEA debido a sus presuntos nexos con el narcotráfico. La Casa Blanca ha repetido en varias ocasiones que quienes faciliten el tránsito a la democracia en Venezuela serán exonerados de sanciones. Se ha cumplido en otros casos como el del ex director del Sebin, el general Manuel Cristopher. Para darle aún más sustento a esas intenciones, el Senado estadounidense aprobó esta semana la Ley VERDAD, promulgada con carácter bipartidista y entre cuyas disposiciones se establece que “se autoriza la remoción de sanciones para funcionarios sancionados que no estén envueltos en violaciones a los derechos humanos y reconozcan al presidente interino Guaidó”. 

Sin embargo, Carvajal sigue sancionado.

Estos detalles hacen que la facción criminal del régimen tranque cualquier intento de salida de la crisis. Y esto deja a Venezuela sin posibilidad de una resolución pacífica al menos que se remueva forzosamente a quienes obstaculizan esa vía. Washington está listo desde que se decretó en 2015 que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de EEUU. El almirante Craig Faller, en quien recaería el comando de esta eventual operación, dejó caer esta semana que “los militares nunca dicen lo que van a hacer porque de lo contrario el enemigo lo sabría”. Basta que Trump dé la orden, y ahí es donde se tranca todo porque al presidente le aterra un escenario de caos tras una intervención militar de su país.

Esta reticencia de Trump no ha frenado a los halcones que forman parte de su círculo más cercano. “A lo largo del Hemisferio Occidental, la Guardia Costera está vigilando a Venezuela, resguardando nuestras fronteras, interceptando drogas mortales, previniendo la inmigración ilegal, y combatiendo a las organizaciones criminales transnacionales”, aseguró este jueves John Bolton, que impulsa la estrategia de criminalización del régimen chavista para provocar un desenlace a lo Manuel Noriega.

Con esta tronera en el camino se negocia en Oslo. La propuesta de unas elecciones generales se ha puesto sobre la mesa tímidamente en respuesta a Maduro, quien quiere adelantar las parlamentarias que constitucionalmente corresponden a diciembre de 2020. Sin embargo, para cualquier elección libre y blindada contra el fraude es necesario reinstitucionalizar al país, incluyendo una renovación de un Consejo Nacional Electoral que actualmente se asemeja más a un Ministerio de Asuntos Electorales del chavismo. Fuentes de la alta dirigencia de la Asamblea Nacional consideran que “no es creíble que el régimen quiera contarse en las instancias que actualmente controla: ejecutivo, gobernaciones y alcaldías. Sabe que en elecciones supervisadas y controladas pierde de calle”.

Si no se quieren contar en el Ejecutivo, no hay salida pacífica posible.

*** Francisco Poleo es un analista especializado en Iberoamérica y Estados Unidos.