El petróleo no pertenece al gobierno

El anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela sobre una parte extraordinariamente importante de las reservas petroleras venezolanas ha abierto una discusión que no debería reducirse a determinar si el negocio será rentable, cuánto petróleo se producirá o cuáles compañías participarán.

El verdadero problema es mucho más profundo.

La pregunta es quién tiene legitimidad para comprometer durante décadas el principal recurso estratégico de una nación y qué límites deberían existir cuando esa decisión es adoptada por una autoridad provisional en un país que atraviesa una situación política excepcional.

Donald Trump anunció que Estados Unidos participaría en una estructura destinada a obtener control mayoritario sobre decenas de miles de millones de barriles de reservas venezolanas. Sin embargo, todavía permanecen sin conocerse aspectos esenciales del entendimiento: su estructura jurídica definitiva, las obligaciones financieras de las partes, la participación de empresas privadas, su duración, los mecanismos de control y las condiciones bajo las cuales Venezuela podría eventualmente revisar sus términos.

La ausencia de esa información es, por sí misma, un problema. Cuando se negocia una parte sustancial del patrimonio natural de un país, la transparencia no puede considerarse una formalidad burocrática; forma parte de la legitimidad misma de la decisión.

Pero existe una cuestión anterior: Venezuela no atraviesa actualmente una situación política ordinaria. Existe una autoridad encargada de la Presidencia. Esa autoridad puede gobernar, administrar el Estado, garantizar su funcionamiento y adoptar numerosas decisiones indispensables.

Lo que resulta mucho más discutible es si una administración provisional posee legitimidad suficiente para comprometer durante décadas uno de los activos estratégicos fundamentales de la nación. No se trata solamente de preguntar si jurídicamente puede firmar.

La pregunta es si debe hacerlo sin un debate nacional suficientemente amplio, sin los controles institucionales correspondientes y sin que los ciudadanos conozcan exactamente cuáles serán las consecuencias futuras de aquello que está siendo negociado.

La Constitución venezolana tampoco permite considerar el asunto como una simple decisión administrativa. Los contratos de interés público celebrados con Estados extranjeros, entidades oficiales extranjeras o empresas no domiciliadas en el país están sometidos a exigencias especiales y, dependiendo de su naturaleza, requieren participación y aprobación de la Asamblea Nacional.

Por eso existe una pregunta previa a cualquier evaluación económica: ¿qué instrumento se está firmando exactamente y qué procedimientos constitucionales deben cumplirse para que pueda comprometer legítimamente al Estado venezolano?

La diferencia es fundamental.

Los gobiernos son temporales; los Estados permanecen.

Una administración puede durar meses o años. Una concesión petrolera, una asociación estratégica o un sistema de control sobre reservas energéticas puede prolongarse durante varias generaciones.

Sus consecuencias alcanzarán a gobiernos que todavía no existen, a ciudadanos que nunca participaron en la decisión y a venezolanos que heredarán tanto sus beneficios como sus obligaciones.

Por eso los recursos estratégicos no pueden ser considerados patrimonio político de quienes circunstancialmente ejercen el poder.

El petróleo venezolano no pertenece a un presidente, a una presidenta encargada, a un partido político ni a una determinada administración. Pertenece a Venezuela. Y precisamente porque pertenece al Estado, una decisión que comprometa una proporción extraordinaria de ese patrimonio debería exigir niveles igualmente extraordinarios de legitimidad, transparencia y control institucional.

Es importante introducir una precisión respecto a Estados Unidos.

Se ha afirmado que cualquier acuerdo de esta naturaleza tendría necesariamente que ser aprobado por el Congreso estadounidense. Jurídicamente eso no puede asegurarse mientras se desconozca la figura legal utilizada. El sistema estadounidense distingue entre tratados, que requieren el consentimiento del Senado, y distintas formas de acuerdos ejecutivos.

Por tanto, antes de afirmar que existe una obligación automática de aprobación parlamentaria, debe conocerse el instrumento jurídico elegido por la administración Trump, ya que distintos presidentes estadounidenses han asumido compromisos internacionales mediante acuerdos ejecutivos, una práctica admitida por el sistema constitucional de Estados Unidos.

Pero incluso si existiera una vía legal para evitar la aprobación del Senado, el problema político permanecería intacto. Si una decisión de enorme trascendencia para Venezuela pudiera estructurarse fundamentalmente mediante decisiones de los poderes ejecutivos de ambos países, la necesidad de transparencia, controles democráticos y legitimidad pública sería todavía mayor.

El debate tampoco debería confundirse con un rechazo a la inversión extranjera. Venezuela necesita capital, tecnología, rehabilitación de infraestructura, nuevos mercados y recuperación de capacidad productiva. Después de años de deterioro, sería poco realista imaginar que puede reconstruir por sí sola la totalidad de su industria energética.

El problema no es la inversión extranjera. El problema es la relación entre inversión y soberanía.

Una cosa es negociar asociaciones destinadas a recuperar la producción nacional bajo reglas transparentes y compatibles con el interés venezolano; otra muy distinta sería conceder a una potencia extranjera una capacidad extraordinaria de decisión sobre recursos estratégicos aprovechando una situación excepcional de fragilidad política e institucional.

La diferencia no es retórica. Es la diferencia entre cooperación y dependencia.

Estados Unidos tiene intereses legítimos: seguridad energética, acceso a recursos, estabilidad de suministro, oportunidades empresariales y una posición estratégica favorable en el hemisferio. Ninguna potencia actúa ignorando sus propios intereses.

Tampoco debería sorprender que Washington intente obtener las mejores condiciones posibles.

El problema aparece cuando la desigualdad entre las partes es tan grande que la negociación corre el riesgo de transformarse en una relación profundamente desequilibrada.

Una Venezuela debilitada institucionalmente, necesitada de inversión, dependiente de decisiones externas y gobernada provisionalmente no negocia desde la misma posición que la principal potencia económica y militar del hemisferio.

Esa asimetría debería exigir mayores garantías. No menores.

Existe además una dimensión que trasciende al petróleo venezolano y que merece ser observada con cuidado. Después de la intervención militar estadounidense de enero, la administración Trump quedó situada en una posición extraordinariamente influyente sobre la reorganización política y económica de Venezuela.

Pocos meses después, esa nueva situación comienza a traducirse en propuestas que concederían a Estados Unidos ventajas significativas sobre una parte importante de las reservas petroleras del país.

Esta secuencia no demuestra que la intervención militar haya tenido como objetivo apropiarse del petróleo venezolano. Pero sí permite formular una pregunta perfectamente legítima: ¿hasta qué punto una potencia puede convertir las consecuencias políticas y económicas de una intervención en oportunidades particularmente favorables para sus propios intereses?

La pregunta adquiere mayor importancia cuando Venezuela deja de observarse como un episodio completamente aislado.

Existe otro caso, profundamente diferente en su historia, características y dimensión humana, pero que permite identificar una lógica semejante: Gaza.

Donald Trump llegó a proponer públicamente que Estados Unidos asumiera el control del territorio y participara en su reconstrucción mediante un gigantesco proyecto de desarrollo urbano, inmobiliario y turístico.

La propuesta generó enormes controversias porque Gaza no es solamente un espacio geográfico. Es el territorio de una población, escenario de una guerra devastadora, de desplazamientos, destrucción y una tragedia humanitaria de enormes dimensiones.

Comparar Gaza con Venezuela como realidades políticas sería equivocado. No lo son.

Pero existe una similitud que merece ser examinada.

En ambos casos aparece una manera particular de observar una crisis internacional.

La crisis deja de ser solamente un problema político, humanitario o estratégico y comienza a ser percibida también como una oportunidad susceptible de convertirse en una transacción.

Venezuela posee petróleo; Gaza posee territorio.

Las realidades son completamente distintas, pero en ambos casos surge una concepción según la cual una situación extraordinaria puede abrir oportunidades económicas extraordinarias.

Quizá allí se encuentre uno de los rasgos más significativos de la política exterior de Donald Trump.

Las grandes potencias siempre han perseguido intereses económicos. Estados Unidos lo ha hecho durante toda su historia, como también lo han hecho las potencias europeas, Rusia, China y cualquier otro Estado con capacidad suficiente para proyectar su influencia.

Lo novedoso no reside, por tanto, en descubrir que una potencia persigue ventajas. Está en la creciente desaparición del pudor con el que esas ventajas son presentadas.

Durante décadas los intereses económicos fueron frecuentemente revestidos de argumentos relacionados con seguridad, estabilidad, alianzas, democracia, desarrollo o defensa del orden internacional.

Ahora comienzan a presentarse de una manera mucho más directa.

El territorio puede adquirir valor inmobiliario; los recursos naturales pueden convertirse en activos negociables; las alianzas pueden evaluarse según cuánto aporta cada parte; las decisiones internacionales pueden analizarse mediante una lógica de costos, beneficios y retorno de inversión.

La política exterior empieza entonces a parecerse menos a una arquitectura destinada a administrar relaciones entre Estados y más a una sucesión de negociaciones.

No necesariamente existe ilegalidad en ello. El problema está en la transformación conceptual que implica.

Cuando el poder internacional comienza a ser interpretado fundamentalmente como capacidad para obtener ventajas, la diferencia entre diplomacia y negocio puede comenzar a desaparecer.

Y esa transformación tiene consecuencias que van mucho más allá de Donald Trump.

Los precedentes creados por las grandes potencias rara vez permanecen limitados a quienes los iniciaron. Si Estados Unidos considera aceptable convertir una posición extraordinaria de influencia política o militar en ventajas económicas excepcionales, otros Estados podrán utilizar el mismo razonamiento.

El sistema internacional corre entonces el riesgo de avanzar hacia una lógica en la cual la debilidad de un país deja de despertar únicamente cooperación o preocupación estratégica y comienza a generar expectativas sobre las oportunidades que esa debilidad puede producir.

Para los países pequeños y medianos, semejante transformación sería particularmente peligrosa porque son precisamente ellos quienes dependen con mayor intensidad de la existencia de reglas.

Las grandes potencias poseen ejércitos, economías enormes, capacidad tecnológica, influencia financiera y poder diplomático. Los Estados más débilmente dotados dependen mucho más de sus instituciones, de su soberanía jurídica y de normas internacionales capaces de reducir parcialmente la desigualdad entre unos y otros.

Cuando esas reglas pierden fuerza, el poder vuelve a convertirse en el principal criterio de negociación.

Y cuando eso sucede, la autonomía de los Estados más débiles comienza inevitablemente a reducirse.

Venezuela debería observar esta situación con particular atención.

El país necesita reconstrucción, cooperación internacional, capital extranjero, recuperación de su industria petrolera y regreso a los mercados.

Pero precisamente porque se encuentra en una situación de fragilidad institucional, cualquier acuerdo que comprometa durante generaciones sus recursos estratégicos debería estar sometido a mayores garantías.

La vulnerabilidad de un país no debería convertirse en el precio de entrada para hacer negocios con él.

Hay además una dimensión histórica que ningún venezolano debería ignorar.

El petróleo ha condicionado buena parte de la historia económica y política del país durante más de un siglo. Ha generado riqueza extraordinaria, modernización, dependencia, corrupción, oportunidades, desigualdades y enormes frustraciones.

Durante décadas Venezuela discutió cómo convertir el petróleo en desarrollo. En demasiadas ocasiones terminó convirtiéndolo en dependencia.

Sería profundamente paradójico que, después de atravesar una de las mayores crisis de su historia contemporánea, el país iniciara su reconstrucción reproduciendo nuevamente una relación en la cual las decisiones fundamentales sobre su principal recurso fueran adoptadas desde arriba, con insuficiente participación de la sociedad y bajo una enorme asimetría frente al socio extranjero.

Reconstruir Venezuela no significa solamente producir nuevamente millones de barriles diarios.

Significa reconstruir instituciones.

Y reconstruir instituciones implica establecer límites.

Durante demasiado tiempo América Latina ha confundido el derecho a gobernar con una supuesta capacidad para disponer del Estado.

Pero gobernar no significa poseer. Una victoria electoral no convierte al ganador en propietario de las instituciones.

Una sucesión constitucional tampoco convierte a una autoridad provisional en propietaria de los recursos nacionales. Y una situación excepcional no debería convertirse en autorización para adoptar decisiones prácticamente irreversibles.

El Estado debe trascender al gobierno.

Esta idea adquiere su verdadera dimensión cuando las decisiones comprometen varias generaciones.

Por eso el debate sobre el acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos no debería reducirse a estar a favor o en contra de Donald Trump, de Delcy Rodríguez, de las compañías estadounidenses o de la inversión extranjera.

La verdadera pregunta es otra: ¿qué condiciones deben cumplirse para que una decisión sobre el principal recurso estratégico venezolano pueda ser considerada legítima por la sociedad?

La respuesta debería ser relativamente sencilla: conocimiento público del acuerdo, control parlamentario cuando constitucionalmente corresponda, claridad sobre su duración, mecanismos de revisión, protección efectiva de la propiedad soberana venezolana, condiciones económicas transparentes, competencia entre inversionistas y garantías de que las decisiones fundamentales sobre el recurso continuarán perteneciendo al Estado venezolano.

Si esas condiciones existen, Venezuela podrá discutir racionalmente si el acuerdo es conveniente.

Si no existen, el problema dejará de ser únicamente económico.

Será un problema institucional.

Y finalmente será un problema de soberanía.

Las naciones debilitadas suelen cometer algunos de sus errores más graves precisamente cuando más necesitan ayuda. La urgencia puede llevarlas a aceptar condiciones que, en circunstancias normales, jamás aceptarían.

Pero necesidad no significa renuncia.

Venezuela necesita capital, tecnología, reconstruir su industria petrolera, recuperar mercados y generar ingresos que permitan reconstruir carreteras, hospitales, escuelas, universidades e instituciones.

Pero ninguna de esas necesidades obliga a entregar el futuro.

Un país puede necesitar socios sin necesitar tutores; puede recibir inversiones sin renunciar a decidir; puede cooperar con una gran potencia sin convertirse en una extensión de sus intereses; puede reconstruir su industria petrolera sin olvidar algo fundamental:

El petróleo no pertenece al gobierno que firma hoy; pertenece al Estado que deberá existir mañana.