‘Es como si siempre hubiera alguien que quisiera matarte’: los feminicidios en Honduras

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CHOLOMA, Honduras — El asesinato de Sherill Yubissa Hernández Mancía explica por qué las mujeres centroamericanas están huyendo hacia el norte.

Hernández tenía 28 años y era funcionaria de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), el órgano que se encarga de investigar los asesinatos de mujeres. Ella tenía una relación amorosa con Wilfredo García, quien era director de la oficina de la ATIC en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande de Honduras. Según personas involucradas en el caso, Hernández llegó a sospechar que su amante, quien además está casado con la hermana de un líder de la MS-13 —la pandilla más grande del país—, ayudaba a los criminales en vez de trabajar para acabar con el grupo delictivo.

El 11 de junio de 2018 fue encontrado el cadáver de Hernández, en su cama. Karla Beltrán, quien trabaja en la morgue de San Pedro Sula, me dijo que la ATIC impidió que la policía, los agentes del Ministerio Público y los servicios de Medicina Forense ingresaran a la escena del crimen (algo que nunca antes había pasado). Los funcionarios de la ATIC actuaron solos y determinaron que la causa de la muerte había sido un suicidio.

Sin embargo, cuando el cuerpo de Hernández llegó a la morgue de San Pedro Sula, Beltrán y su colega, América Gómez, notaron lo evidente. Sí, una bala le había perforado el cráneo. Sí, las fotos tomadas por la ATIC mostraban a la mujer sobre la cama, apuntando un arma contra su sien. Sin embargo, no había residuos del disparo en su mano. Su lengua salía de la boca y había espuma alrededor, dos signos de la asfixia. Tenía dos marcas por debajo del mentón, lo cual sugiere que la mujer fue estrangulada por un experto en detener el suministro de oxígeno sin dejar hematomas. La sangre había desafiado la gravedad; en lugar de fluir hacia la parte posterior de la cabeza, había escurrido hacia el frente de la blusa rosa de la piyama y hasta las bermudas adornadas con la palabra “love”. Las fotografías de la escena del crimen que tomó la ATIC evidenciaron que el celular de Hernández había cambiado de lugar tres veces mientras se “investigaba” la escena, hasta acabar en una jarra de agua.

Las encargadas de la morgue anunciaron ese mes que Hernández había sido asesinada. Poco después, se percataron de que las seguían y recibieron múltiples advertencias de que la ATIC tenía un equipo de sicarios a su disposición. En agosto, junto con la directora del Departamento de Medicina Forense, Semma Julissa Villanueva, y una colega, solicitaron protección al gobierno de Honduras y se les asignaron policías para que las llevaran de sus casas al trabajo y de vuelta. Pero todavía sienten que son un blanco fácil. A Villanueva se le ha otorgado una visa para viajar a Estados Unidos y Gómez y Beltrán solicitaron asilo en ese país.

Wilfredo García, quien no respondió a una solicitud de comentarios, fue reasignado a un puesto administrativo mientras se investiga el homicidio de Hernández, de acuerdo a un vocero del Ministerio Público en San Pedro Sula. Casi diez meses después, no hay ningún presunto culpable. “Queremos ser enfáticos y contundentes en que nadie de laATIC pertenece a un grupo criminal ni está vinculado con algún tipo de acto ilícito a los que usted se refiere”, dijo el vocero.

Sin embargo, Villanueva dice que tiene miedo y agrega que está segura de que Hernández “fue ejecutada y están tratando de encubrir su asesinato”.

“Todo está tremendamente podrido”, me dijo en su oficina Karol Bobadilla, directora de investigaciones de la organización sin fines de lucro Foro de Mujeres por la Vida en Honduras. Cómo es posible, se pregunta, que los encargados de una agencia cuya tarea es investigar los casos de asesinato de mujeres sean quienes las maten.

“Ella fue ejecutada y están tratando de encubrirla”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que los inmigrantes son “criminales”, narcotraficantes y violadores dispuestos a saquear el país, pero la verdad —como advertí con claridad durante el mes en el que estuve en Honduras investigando—, es que los migrantes están huyendo de una sociedad controlada por criminales.

Trump sigue amenazando con cerrar la frontera sur de Estados Unidos para evitar que los migrantes centroamericanos crucen la frontera. El 29 de marzo, anunció que planea eliminar la ayuda de 450 millones de dólares anuales a Honduras, Guatemala y El Salvador, una cantidad que Estados Unidos gasta actualmente para fortalecer a la sociedad civil y contrarrestar el poder de las pandillas y los carteles del narcotráfico en esos tres países. Mick Mulvaney, el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, defendió la decisión de Trump con el argumento de que el dinero hacía poca diferencia: “Si está funcionando tan bien, ¿por qué la gente sigue viniendo?”.

Bueno, algunos de ellos continúan haciendo la travesía porque no quieren morir. Esto es particularmente cierto en el caso de las mujeres, quienes cada año conforman un mayor porcentaje de los migrantes que cruzan la frontera.

Este último dato ha servido para que se sume a las estrategias migratorias del gobierno de Trump la prohibición de que las víctimas de violencia domestica soliciten asilo. En junio, Jeff Sessions, entonces fiscal general de Estados Unidos, buscó revertir una decisión de 2014 de la Junta de Apelaciones de Inmigración que agregó la violencia doméstica a la lista de horrores que podían hacer que una persona calificara para recibir asilo. En diciembre, un tribunal federal dictaminó que no tenía autoridad para hacerlo, pero el gobierno de Trump no ha dejado de insistir y está apelando esa decisión.

Está mal darles la espalda a mujeres vulnerables en cualquier circunstancia, pero en especial cuando vienen de países como Honduras, donde el gobierno prácticamente no hace nada para protegerlas e incluso, en algunas ocaciones, puede ser el agresor.

Honduras es uno de los lugares más peligrosos para ser mujer: una encuesta de 2015 lo clasificó entre los cinco primeros países más mortíferos, solo debajo de El Salvador y Siria. Según las estadísticas oficiales, el año pasado fueron asesinadas 380 mujeres hondureñas (ligeramente menos que en años recientes), en un país cuya población es similar a la de Nueva York. Pero nadie cree en las cifras gubernamentales. La cantidad de mujeres “desaparecidas” sigue en aumento.

A diferencia de lo que ocurre en buena parte del mundo, donde la mayoría de las mujeres asesinadas son víctimas de sus maridos, parejas o familiares, en Honduras la mitad de ellas son asesinadas por los carteles de la droga y las pandillas. Además, la manera en que las asesinan —con disparos en la vagina, desmembradas (y las distintas partes de sus cuerpos distribuidas en diversos lugares públicos), estranguladas frente a sus hijos, desolladas vivas— han hecho que las mujeres se apresuren a huir y se dirijan a la frontera.

Entender lo que está sucediendo en este país es fundamental para comprender, y solucionar, la situación en la frontera estadounidense, donde 268.044 migrantes fueron detenidos en los primeros cinco meses del año fiscal 2019, una cifra que casi duplica la del mismo periodo durante el año pasado. Un porcentaje cada vez mayor —la mitad— eran familias con niños.

“Las dejan sin nada, como si fueran pollos”

El departamento de Cortés es, por mucho, el peor. Casi una de cada tres mujeres asesinadas en Honduras en 2017 murió aquí. Y este municipio, Choloma, tal vez sea el más letal.

Choloma tiene una población de más de 262.000 habitantes. La localidad se extiende por colinas y calles con baches a ambos lados de la autopista principal, que une el sur con el norte del país y se encuentra a media hora del puerto más grande de Centroamérica. A partir de la década de los ochenta, se convirtió en un centro de parques industriales libres de impuestos donde fábricas textiles estadounidenses, canadienses y coreanas manufacturaban productos para Hanes, Fruit of the Loom, Nike y Adidas. Las mujeres llegaban a Choloma en busca de algo muy inusual en Honduras: empleos.

También es un punto por donde pasan drogas desde Colombia en su camino a Estados Unidos. La mayoría de las colonias están controladas por pandillas u organizaciones criminales, como Barrio 18, MS-13 o La Rumba, nombrada así por una discoteca ubicada en una de las colonias más problemáticas de Choloma, López Arellano. La Rumba ha pagado para que se lleven la basura, se pavimente la calle principal (en parte, para que las rutas de escape sean más rápidas) y ha sobornado a la policía. También asesina mujeres. Una noche, una mujer en la discoteca de La Rumba dijo que era buena, pero que otro club estaba mejor. Fue encontrada sin vida la mañana siguiente: le dispararon en la boca.

El año pasado, 23 mujeres fueron asesinadas en Choloma; algunos dicen que la cifra real es un tercio más. Sin embargo, la crueldad cada vez mayor con que las mujeres son asesinadas aquí es lo que las tiene más asustadas.

En 2017, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, un 41 por ciento de las mujeres y niñas asesinadas en Honduras presentaron signos de mutilación, desfiguramiento y una crueldad que sobrepasaba lo necesario para quitarles la vida.

A consecuencia de las operaciones de la Contra —grupos de contrarrevolucionarios financiados por Estados Unidos—, existen aproximadamente 1,8 millones de armas en Honduras. Y, sin embargo, una de cada diez mujeres asesinadas son estranguladas.

El sadismo es el punto. Envía el mensaje —a otras mujeres, a los hombres rivales— de que el asesino es omnipotente y que nunca se le debe tomar a la ligera.

Tiene que ver con el machismo, que se remota a tiempos coloniales, cuando los conquistadores españoles llegaron sin esposas y trataron a los indígenas como esclavos. Hoy, en un mundo donde gobiernan las pandillas y los carteles del narcotráfico, se trata de generar el mayor terror posible en sus enemigos, y para ello quieren demostrar qué tan siniestro se puede llegar a ser para torturar o asesinar. Es una guerra sanguinaria por la superioridad y las mujeres son el campo de batalla.

Melania Reyes, coordinadora de un grupo de ayuda para mujeres llamado Movimiento de Mujeres de la Colonia López Arellano y Aledaños (MOMUCLAA), ha pasado décadas luchando contra la violencia doméstica, pero se ha quedado atónita ante la nueva brutalidad. “Les cortan todo”, dijo. “Las dejan sin nada, como si fueran pollos”.

María Luisa Regalado, directora de la Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH), otra organización, dice que: “Lo que estamos viendo en Choloma no lo habíamos visto nunca antes”.

“Ella no se dejó. Así que la mataron”

Por supuesto que los hombres siguen constituyendo la inmensa mayoría de las víctimas de homicidio, principalmente porque es más probable que se involucren en conflictos de pandillas o que sean objeto de reclutamiento. No obstante, la tortura y la mutilación no son tan usuales en esos homicidios como en el caso de los asesinatos de mujeres.

Las mujeres y las niñas también están siendo reclutadas cada vez más a menudo por las pandillas y las organizaciones criminales para vender drogas en Honduras. Se calcula que dos de cada diez pandilleros en el área de San Pedro Sula ahora son mujeres, algo que era inusitado no hace mucho. Las pandillas creen que es más posible que los hombres le compren drogas a una mujer que coquetea y que es menos probable que la policía sospeche de que sea traficante.

Algunas mujeres se unen a las pandillas de manera voluntaria; desde 2012 muchas de las fábricas de Choloma se han mudado a Nicaragua porque la mano de obra es más barata, y la gente busca empleo con desesperación. Hay tantos trabajadores desempleados disponibles que las fábricas advierten que no contratarán a nadie mayor de 35 años.

Otras mujeres son forzadas a unirse. Algunas niñas le dicen a Reyes que reciben una advertencia: “Si no le entras, te vamos a quebrar”.

Pero ya están quebradas. Las matan por no cumplir con la cuota de la venta de drogas, por no pagar el dinero que le deben al cartel, por rechazar las insinuaciones sexuales de un delincuente o porque son novias de un pandillero que se cansa de ellas. “Ven a las mujeres como una propiedad”, afirma Regalado.

De las 115 mujeres asesinadas en Choloma entre 2013 y octubre de 2018, la mitad tenía 20 años o menos, según estadísticas del Observatorio de la Violencia.

Reyes repasó la lista de algunas de las mujeres que fueron asesinadas en la colonia López Arellano el año pasado: una niña de 14 años que vendía boletos de lotería y que fue secuestrada por un vendedor de drogas que la violó y le dio cinco tiros en la cabeza; dos niñas de 15 años a las que mataron pandilleros de la MS-13 cuando se resistieron a la orden de vender drogas; dos primas de 17 años cuyos senos y glúteos fueron mutilados antes de que pandilleros de Barrio 18 les dispararan en la cabeza.

Katherine Nicolle Bonilla Carranza, de solo 14 años, fue otra víctima. Está enterrada bajo un almendro en un cementerio cercano al apartamento de su madre, Norma Adelí Carranza. Carranza lloró mientras describía lo que sucedió el 19 de diciembre de 2017. Nicolle había estado ayudándola a lavar ropa. Dijo que regresaría en diez minutos, solo iba a hablar con sus amigas en la esquina. “Ten cuidado”, le dijo su madre. Le dispararon cinco veces en la cabeza, justo al lado de la iglesia católica en la misma calle. Se cree que los responsables son pandilleros. “Querían llevársela”, dijo Carranza, con el rostro desfigurado por el dolor. “Ella no se dejó. Así que la mataron”.

“¿Tengo que traerles un cadáver para que hagan su trabajo?”

Algunas veces las muertes no tienen que ver con las pandillas, pero la impunidad hacia los crímenes cometidos por hombres violentos es la misma.

El marido de Heidy Hernández, Marcio Amilcar Mateo, era alcohólico y controlador. Ella comenta que necesitaba su permiso incluso para poner un pie fuera de la casa. Después de que le cortó el labio con una botella de ron rota, me dijo, su hermana insistió en que denunciara el abuso a la policía de Choloma, pero no hicieron nada. “¿Tengo que traerles un cadáver para que hagan su trabajo?”, les advirtió su hermana.

De acuerdo al relato de Hernández, Amilcar ganaba 81 dólares a la semana, pero llegaba a casa con menos. Una noche, sin nada qué comer, Hernández se dirigió a casa de su tía, a unas cuantas calles, para conseguir algo de comida. En el camino se encontró a su marido, que estaba ebrio. “¡Perra!”, le dijo, “¡estás rogando comida a extraños!”. La encerró en la casa y les ordenó a ella, a su hijo de 3 años y a sus hijas de 6 y 7 años que se arrodillaran.

Agarró a Hernández del cabello, le jaló la cabeza hacia atrás y colocó el filo del machete sobre su cuello. “Te voy a matar a ti y a tus hijos”, le dijo. “Si no estás conmigo, no estarás con nadie”. Luego le quitó el machete del cuello con una advertencia: no vayas a la policía.

Un día llegó a casa media hora tarde; venía de la casa de su padre. “¿Con quién estabas?”, le preguntó. Sacó el machete de debajo de la cama y lo hundió en sus piernas. Una de sus hijas, Nadia Mabel, entonces de 8 años, comenzó a gritar: “¡Papá! ¡No la mates!”.

Hernández, quien entonces tenía 28 años, despertó de la cirugía con la pierna derecha amputada por debajo de la rodilla y había perdido más de la mitad del pie izquierdo. Su corazón se había detenido dos veces.

Amilcar, quien atacó diez veces las piernas de su mujer con el machete, fue acusado de ocasionarle “lesiones leves” y se le dio una sentencia de quince años de prisión. Solo después de que su hija mayor lo visitó en prisión, y lo escuchó decir: “Cuando salga de aquí la voy a matar”, un juez agregó el cargo de intento de feminicidio y otros veinte años de prisión a su sentencia.

“Mi papa le cortó los pies”, me dijo nerviosa Nadia Mabel. “Pensé que la iba a matar”.

“Te gusta que te peguen, ¿no?”

En 2013, el gobierno hondureño promulgó una ley que impone sentencias más duras para los feminicidios: homicidios motivados por el género en los que el agresor era pareja, familiar o expareja de la víctima; había cometido violencia doméstica; si antes de la muerte hubo sexo, o el cuerpo de la víctima fue degradado o mutilado. Esa etiqueta puede aumentar una sentencia de homicidio a hasta 30 o 40 años. Pero hasta ahora casi nadie ha sido acusado de feminicidio. El Observatorio de la Violencia explica que más de un 60 por ciento de los asesinatos de mujeres son feminicidios, pero ese cargo solo se ha usado 33 veces durante un periodo en el que ha habido 1569 muertes violentas de mujeres y niñas.

Las leyes de violencia doméstica, que no existieron aquí sino hasta 1997, también siguen siendo débiles. Golpear a alguien por primera vez es una “falta”, no un delito. Un tribunal o agente del Ministerio Público puede emitir una orden de restricción de hasta seis meses, pero la policía nunca supervisa su cumplimiento. Algunas veces los oficiales tienen tanto miedo de entrar en un barrio violento que les dicen a las mujeres que ellas mismas tienen que entregar las órdenes de restricción. Si un hombre pone un machete en la garganta de su esposa, todo lo que la policía puede hacer es encerrarlo por 24 horas, y a veces ni siquiera hacen eso los fines de semana, comentó Saida Martínez, otra lideresa del MOMUCLAA.

Las mujeres de Choloma piden ayuda: cada año, alrededor de 1400 acuden a la Oficina Municipal de la Mujer de Choloma, un organismo de la ciudad que ayuda a las mujeres en casos de violencia doméstica, y otras 500 acuden directamente a los tribunales de la ciudad. Alrededor de 5000 se presentaron ante los cuatro jueces de San Pedro Sula el año pasado por casos de violencia doméstica.

Sin embargo, la policía —el primer recurso de las mujeres— suele ser de muy poca ayuda. Las mujeres me dicen algunas de sus respuestas: “Te gusta que te peguen, ¿no?”. “¿Por qué no lo resuelves en la cama?”. “Tal vez no lo atendiste bien anoche”. Reyes afirma que “se burlan de ellas”.

Elena García, de 38 años, me contó lo que le ocurrió hace tres años a una de sus amigas después de acudir a la policía llena de moretones. Obtuvo la orden de restricción contra su pareja, pero le dijeron que tenía que entregársela ella misma. Desapareció ese mismo día y fue encontrada quemada, dentro de una bolsa, en los márgenes del río Chamelecón.

El 27 de enero de 2019, Norma Lilian Ávila Hernández, estilista y maquillista de 29 años, discutió con su esposo, Hugo Daniel Cruz Cabrera, de 38 años, porque estaba usando maquillaje. Según Beltrán, quien también llevó su caso en la morgue, él tomó un machete y comenzó a cortar el pasto alrededor de su casa, amenazándola con la mirada. Ávila fue a la estación de policía local. Quedaron en enviar a dos oficiales a investigar su caso, pero ellos ignoraron la instrucción. Cuando Ávila regresó, su marido la estranguló, dijo Beltrán. Hay una orden de arresto en su contra.

Mujeres como ella no tienen ningún lugar a donde ir: no hay refugios para víctimas de violencia doméstica en Choloma ni en San Pedro Sula. El más cercano se encuentra a seis horas en autobús.

“Ese hombre está libre, nos va a matar a todos y las autoridades no van a hacer nada”

La mayoría de estas mujeres no obtiene justicia, ni aun después de su muerte. Nueve de cada diez asesinatos de mujeres no pasan por los tribunales o terminan sin una sentencia. Casi la mitad de esos homicidios ocurren en público.

Hablé con una mujer, Sonia Fuentes, quien sobrevivió a doce balazos, luego de que su expareja le disparó frente a una fábrica justo cuando un turno había terminado y todos los trabajadores salían por la puerta. Por casualidad, pasaron dos policías por esa calle cuando ocurrió el ataque. De lo contrario, quién sabe si se habría acusado al agresor.

En ocasiones, incluso cuando los agentes del Ministerio Público y la policía saben exactamente quién mató a una mujer, no arrestan al presunto homicida.

Glenis Vanessa Ramírez Hércules tenía 17 años cuando conoció a Jairo Mauricio Claro Burgos, y 26 cuando él la mató, de acuerdo a su familia. El hombre pertenecía a la pandilla Barrio 18 y, aunque la golpeaba, ella no confiaba en que la policía pudiera ayudarla. Claro tenía un primo en la policía de Choloma, y la mayoría de los oficiales tenían demasiado miedo de entrar a su barrio, me comentó la tía de Ramírez, Danelia Hércules. Cuando hacen patrullajes aquí, siempre encienden las sirenas o tocan el claxon, dice la mujer. “Es como si le estuvieran anunciando a las pandillas: ‘¡Ahí vamos!’”.

Ramírez se separó de su pareja y rentó un cuarto cercano, pero la noche del 30 de octubre de 2016 encontró a Claro esperándola a su regreso.

Un drogadicto de la zona le contó después a Danelia Hércules que Claro había asfixiado a Ramírez frente a sus tres hijos pequeños. Le fracturó las piernas para meterla en un costal de maíz de nailon. Dos vecinos la escucharon gritar pidiendo ayuda, pero el propietario de la casa dijo que pensó que era otra pelea y les dio miedo llamar a las autoridades.

Su familia se dio cuenta de que Ramírez había desaparecido al día siguiente. Creen que Claro sacó el costal la noche del domingo y lo dejó, cubierto de hierba y basura, al lado del camino, a unas calles. El lunes, sus hijos le dijeron a su padre que algunas personas lo acusaban de haber matado a su madre. Claro salió huyendo. Fue entonces que el mayor de los hijos, de 9 años, se atrevió a decirle a otra tía que su padre les había advertido que, si le decía a alguien lo que habían visto, “me iba a hacer lo mismo que a mi mamá”.

Cuando la madre de Ramírez fue a presentar una denuncia por la desaparición de su hija, se enteró de que el padre de Claro ya había ido a la policía para denunciar que su hijo le había confesado el asesinato.

La mañana del martes, un joven que recogía leña encontró el costal de 52 kilos con el cuerpo en descomposición de Ramírez.

Aquella noche, en el velorio, alguien vio a Claro acechando el lugar y más de veinte hombres fueron por machetes y armas para matarlo, porque estaban seguros de que la policía no lo buscaría. Pero logró escapar.

Denis Ávila Maradiaga, director de la unidad de homicidios de la Dirección Policial de Investigaciones en San Pedro Sula, me dijo que la policía había emitido una orden de aprehensión en contra de Claro. Pero la madre de la víctima también me dijo que “no hicieron nada para encontrarlo”.

En los últimos dos años, se ha visto a Claro en los territorios cercanos de la pandilla Barrio 18, en Japón y Kilómetro. Hércules temblaba de rabia cuando me dijo: “Ese hombre está libre, nos va a matar a todos y las autoridades no van a hacer nada”. Cuando hablé con ella esta semana, me dijo que lo volvió a ver en febrero. Tiene tanto miedo que está pensando en irse a Estados Unidos.

“Hay una falta de interés en hacer el trabajo”

Los homicidios de mujeres no se investigan ni procesan por una mezcla tóxica de corrupción, incompetencia y falta tanto de recursos como de interés.

Un estudio de casos que se llevó a cabo en 2018 en San Pedro Sula descubrió que más del 96 por ciento de los casos de mujeres asesinadas quedan impunes. El Ministerio Público dijo que este porcentaje es culpa, en buena medida, de los miembros de las familias, pues tienen miedo de testificar —no sorprende en un país en donde es posible contratar a un sicario por 50 dólares y nadie cree que la policía pueda o quiera protegerlos—. Según los fiscales, de los 783 casos de asesinato de mujeres en el departamento de Cortés entre 2013 y 2018, solo un 17 por ciento había llegado a una instancia judicial y calculaban que aproximadamente a un 12 por ciento de los casos se le dictaría una sentencia, estadísticas que los funcionarios consideraban un avance.

“Las agencias gubernamentales algunas veces trabajan con la policía, los narcos y las pandillas para esconder casos”, dijo Belinda Domínguez, coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer en Choloma. Ella comentó que los fiscales pierden los expedientes o demoran los procesos a propósito y los policías corruptos informan de inmediato a los delincuentes acusados cuando se presenta una denuncia. Los agentes del Ministerio Público que sí hacen su trabajo pueden acabar muertos.

Un trabajador de la morgue de San Pedro Sula dijo que le habían ofrecido 16.300 dólares para que cambiara un dictamen de autopsia. Las organizaciones delictivas pagan a la policía para que se hagan de la vista gorda, los ayuden a salir de prisión cuando los arrestan e incluso para que maten para ellos.

Hace dos años, un oficial de policía de Choloma que también trabajaba como sicario mató a una mujer de 20 años que había rechazado las insinuaciones sexuales de un narco. Cuatro meses después, para borrar el rastro, los narcotraficantes pagaron para matar a ese oficial de policía, me dijo Virginia Marta Velásquez, la fundadora de MOMUCLAA.

En 2017, en la colonia Cerro Verde de Choloma, una compañía de transporte se rehusó a pagar un “impuesto” de extorsión a la pandilla Barrio 18. La parada del autobús siempre estaba resguardada por la policía. Una noche, a decir de varios testigos, los policías abandonaron su puesto de vigilancia y ocho pasajeros fueron asesinados a tiros. Ahora la empresa paga el “impuesto”.

“Hay una falta de interés en hacer el trabajo”, comentó Domínguez, quien tiene una imagen de la estrella del norte en una de las paredes de su estrecha oficina. La morgue lleva a cabo una autopsia y una investigación, pero cuatro de cada cinco veces, según los empleados de la morgue de San Pedro Sula, los fiscales ni siquiera recogen sus dictámenes médicos.

El Departamento de Medicina Forense tiene la capacidad de tomar huellas digitales de las bolsas de nailon en las que a menudo depositan los cuerpos de las mujeres para después tirarlas, pero la persona que hace la prueba no pudo recordar a algún investigador que las haya solicitado. En noviembre pasado, cuando la Oficina Municipal de la Mujer de Choloma impartió una capacitación, financiada en parte por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sobre cómo manejar mejor la violencia doméstica, se invitó al cuerpo de policía, pero nadie acudió, dijo Domínguez.

“Vi a un demonio en sus ojos”

En consecuencia, la mayoría de los avances en los casos de mujeres abusadas en Choloma se han dado a través de organizaciones sin fines de lucro cuyas lideresas arriesgan la vida para enseñarles a las mujeres sus derechos y encontrar soluciones alternativas a la inacción gubernamental.

Todos los días llega un flujo constante de mujeres a la sede del MOMUCLAA a pedir ayuda, con denuncias de violencia doméstica o pensión alimenticia.

Velásquez, una madre estoica de nueve hijos con cabello negro y corto, fundó la organización en 1992. Se le ocurrió la idea de organizar el colectivo luego de que una activista belga dedicada a defender los derechos laborales a quien le lavaba la ropa le sugirió que asistiera a una reunión de mujeres en el Capitolio. Ella y una amiga acabaron capacitándose durante todo un año en derechos jurídicos de la mujer. Luego, comenzaron a capacitar a otras mujeres sobre autoestima, educación sexual y el ciclo de violencia doméstica (él te golpea, te lleva rosas, te vuelve a golpear).

Mucho antes de que hubiera leyes que penalizaran la violencia doméstica, ellas tocaban a la puerta de los agresores: “¡Somos las autoridades que detienen la violencia doméstica! ¡Si no detiene el abuso, lo vamos a meter a la cárcel!”, gritaban. Funcionaba con frecuencia. Velásquez marchaba por las calles con un megáfono: “Queremos informar a las mujeres que, si su marido les pega, pueden denunciarlo”.

Los hombres las llamaban locas y enfermas. Decían que una extranjera les había lavado el cerebro. Les prohibían a sus esposas ir a las reuniones; y cosas peores. En 1996, la esposa de un oficial de policía fue asesinada a puñaladas frente a su hija de 4 años después de que presentó una denuncia por violencia doméstica en la sede de la organización. En 2002, otro marido abusador vertió gasolina en su propia casa y encendió un fósforo, mientras su esposa y tres hijos dormían en el interior del inmueble (se despertaron y lograron escapar a tiempo).

A pesar de todo, las mujeres siguieron yendo a la organización. El grupo ayudó a reunir 50.000 firmas para presionar al congreso hondureño para que aprobara la ley de violencia doméstica de 1997. También ayuda a las mujeres a llenar los formularios de la policía y los tribunales para solicitar un arresto o una orden de restricción temporal. Presionó para que se financiara un puente peatonal sobre la autopista, se suministrara agua potable y se creara un jardín de infantes en la colonia. Además, ayuda a las mujeres que quieren solicitar asilo en Estados Unidos con los documentos para hacer el trámite. Hoy tiene 680 miembros.

El grupo atrae a las mujeres nerviosas enseñándoles cómo fabricar cosas que puedan vender, como manteles bordados. Martínez, una de las lideresas de la organización, les dice a las mujeres durante la sesión de bordado que deben conocer su cuerpo desnudo y amarlo. Casi todos los muebles de su casa, incluidos el baño y la estufa, están cubiertos de carpetas tejidas.

“Las mujeres tenían miedo de hablar, de expresarse”, dijo Martínez. “Ahora hablan”.

Martínez también explica que la violencia doméstica ha disminuido. A principios de la década de los noventa, alrededor de siete de cada diez hombres golpeaban a sus esposas en esta comunidad; ahora, son dos o tres de cada diez, comenta. Pero los asesinatos siguen ocurriendo.

Zoila Lagos, una de las fundadoras del grupo, ahora dirige otra organización de mujeres en una colonia cercana. La noche que la visité, estaba tratando de mantener con vida a Rosa Concepción Castellano Coello.

El esposo de Castellano, un guardia de seguridad privada de 104 kilos, llevaba diecinueve años golpeándola, según nos relató Castellano. La noche anterior, la había tomado de la garganta y la había levantado del suelo. El hombre se había drogado con crack, dijo Castellano, droga que lo vuelve más agresivo, y estaba enojado porque ella no quería permitir que la amante de este se mudara a su casa.

Cuando el más pequeño de sus tres hijos, José Daniel, de cuatro años, corrió hacia la calle en busca de ayuda, Castellano corrió tras él. Su marido la siguió, le apuntó con la pistola en la frente y le dijo: “Te voy a matar, perra”, antes de disparar cuatro tiros muy cerca de sus pies y los de su hijo. “Vi a un demonio en sus ojos”, nos contó. Por primera vez, sintió que podría matarla.

Lagos la había ayudado a conseguir una orden de restricción, pero las autoridades no la entregarían sino hasta el día siguiente. Lagos le rogó a la mujer que no volviera a su casa. “Tengo miedo de que te mate”, le dijo. “Le vamos a dar seguimiento a tu caso y te ayudaremos”. Pero Castellano no confía en que las autoridades vayan a hacer algo; se preguntaba si la única posibilidad verdadera de estar segura era irse en la próxima caravana hacia el norte.

“Se siente el odio, solo por ser mujer. Es como si siempre hubiera alguien que quisiera matarte”

Todos en Choloma saben de la mujer que fue desollada viva aquí en junio de 2017.

Edelsa Muñoz Núñez, de 47 años, vive en un apartamento cercano a las dos víctimas de homicidio, Irma Quintero López, de 21 años, y Dunia Xiomara Murillo Reyes, de 34 años. Las mujeres fueron torturadas y asesinadas en su casa, muy probablemente por pandilleros. A Murillo le arrancaron la piel de las piernas. “Como si estuvieran despellejando un chancho”, me dijo Muñoz, temblando.

Las mujeres fueron desmembradas y sus partes fueron esparcidas: los pies en un lugar, las cabezas en otro. Faltaba un torso. Aunque fueron arrestados cuatro pandilleros de la MS-13, el presunto cabecilla del delito sigue prófugo.

Ahora Muñoz solo sale de su casa a comprar comida y para ir a trabajar. Con su sueldo de 285 dólares al mes, le alcanza para tomar el transporte público solo de ida, en la mañana, cuando las tarifas del mototaxi cuestan la mitad. Por las noches, tiene que atravesar caminando un barrio donde la MS-13 y La Rumba se disputan el control del territorio.

Muñoz comenta que la policía culpa a las víctimas de homicidio por salir a tomar una cerveza o por llevar minifalda. “¿Por qué no hacen su trabajo e investigan de verdad?”, exigió. “Al gobierno tiene que importarle”, agregó.

“Cuando salimos, no sabemos si vamos a regresar”, dijo Regalado, de la CODEMUH. Incluso como una forastera de visita en Choloma por dos semanas, pude entender eso en carne propia. Una noche, un adolescente fue asesinado de un balazo a una calle de donde me alojaba. Uno de los siete trabajadores de la base de taxis de mi chofer fue asesinado mientras estuve ahí.

Elena García, quien me pidió que no usara su nombre completo, ha sido violada por un grupo de hombres no una, sino dos veces, y solo tiene 38 años. Cuando tenía 13, una persona puso algo en su bebida en una boda y fue encontrada doce horas después en un tiradero de basura, desnuda, inconsciente, atada de pies y manos, con marcas de mordidas y moretones por todo el cuerpo. Quedó embarazada y tuvo una hija, que ahora tiene 23 años. Dice que la policía nunca investigó a nadie en la boda para determinar quién la había secuestrado.

Más adelante, el 16 de julio de 2013, iba caminando a casa a las 16:00 después de una reunión en la escuela de su hija en Choloma, cuando dos hombres con máscaras negras aparecieron en la llovizna. “Qué lástima que pasaste por el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo uno de ellos, arrojándola al piso. La arrastraron a un matorral y, mientras uno sostenía un machete contra su garganta, se turnaron para violarla mientras ella estaba boca abajo.

Durante seis meses, se lavó el cuerpo con blanqueador para tratar de limpiarse la mancha del trauma. Después escuchó que le había ocurrido lo mismo a otra mujer en ese mismo lugar. El año pasado, fue a la policía a preguntar sobre su caso, pero le dijeron que lo iban a cerrar sin tener a ningún presunto culpable. “Vivo con miedo”, dijo García. “Salgo de mi casa, pero nunca sé si voy a regresar. Se siente el odio, solo por ser mujer. Es como si siempre hubiera alguien que quisiera matarte”.

“No quiero que me pase eso”

¿Qué puede hacerse?

Estados Unidos no puede levantar un muro y esperar que las mujeres se resignen a quedarse en Honduras para ser asesinadas.

El plan del presidente Trump de recortar la ayuda al extranjero es justo lo contrario de lo que hay que hacer. Podríamos usar ese dinero para financiar programas, como la educación sexual en las escuelas, que podrían ayudar a romper el ciclo de abuso doméstico, en el que los niños que son testigos de abuso crecen y se convierten en abusadores. Podríamos usarlo como una moneda de cambio para obligar a que se aprueben reformas legislativas. Algunas organizaciones de mujeres hondureñas han sugerido que Estados Unidos le podría poner como requisito al gobierno de Honduras de que, para seguir recibiendo ayuda, un porcentaje de su presupuesto se destine a hacer responsables a los abusadores y los asesinos.

Los servidores públicos que no cumplen con su trabajo deberían ser despedidos; los que aceptan sobornos, deberían ser despedidos. La podredumbre comienza en lo más alto, con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuya elección de 2017 fue considerada fraudulenta por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y cuyo hermano, Tony, fue arrestado el año pasado por Estados Unidos por “narcotráfico a gran escala”. En lugar de aceptar a ese presidente, Estados Unidos debería presionar para que haya un cambio de liderazgo.

Cerrar la frontera y tratar de evitar que las víctimas de violencia doméstica soliciten asilo son errores todavía mayores. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos evitó que un barco con refugiados judíos atracara en nuestras costas, con lo que envió a centenares de ellos de vuelta a la muerte. Después de la guerra, Estados Unidos dijo “nunca más” y se convirtió en el líder del movimiento de refugiados de la era moderna. Esa es una parte fundamental de quienes somos: no enviamos de regreso a la muerte a los que llegan a nuestras fronteras. Hemos incorporado ese ideal en los tratados internacionales y en nuestras propias leyes migratorias.

Si les damos la espalda a las mujeres centroamericanas que están huyendo por su vida, estaremos incumpliendo los derechos humanos más elementales. Esas mujeres están siendo blanco de violencia solo por ser mujeres. Están huyendo de países donde el gobierno hace poco por protegerlas y a veces, incluso, es cómplice de los asesinatos.

Sin importar lo que diga el gobierno de Trump, las mujeres no son delincuentes; son víctimas. Y en Estados Unidos somos perfectamente capaces de salvarles la vida. En el último año fiscal, 97.728 migrantes pudieron comprobar la veracidad de su miedo en sus entrevistas, que es el primer paso de una solicitud de asilo para la gente que teme que se le deporte a su país de origen. Si bien no se dan a conocer públicamente las cifras del género de los solicitantes de asilo, incluso si la mitad de esas solicitudes se debieran a casos de violencia doméstica, esa es una cantidad totalmente manejable de gente para que uno de los países más ricos del mundo la acepte.