Laura Louza: “No hay estado de derecho”

“El Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por Elvis Amoroso, también estaba integrado por su secretaria, y además, por un funcionario y un empresario relacionados con el Psuv”, indica Laura Louza Scognamiglio, abogada, profesora de la UCV y coordinadora de la ONG Acceso a la Justicia

El proceso de selección de los 13 magistrados “exprés” y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que la anterior Asamblea Nacional (AN) realizó el 23 de diciembre de 2015 violó los artículos 263 de la Constitución y 37 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ), afirma Laura Louza Scognamiglio, abogada, profesora en la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de la ONG Acceso a la Justicia.

“Hubo poca transparencia, fue ilegal e inconstitucional”, enfatiza en entrevista con “La Razón”. “De los 13 magistrados seleccionados, 10 no cumplen con los requisitos que establece la Constitución. El magistrado del TSJ es un cargo técnico y si la persona no cumple con lo técnico, entonces, no es legítimo y, por tanto, no tiene capacidad para ejercerlo”, indica.

¿Por qué la designación no cumplió con la Constitución ni con la Lotsj?

De acuerdo con la Constitución, la sociedad debe participar en la elección de los magistrados. Sin embargo, la Lotsj cambió esta exigencia constitucional y en su reforma del año 2010 pasó a establecer que la mayoría del Comité de Postulaciones Judiciales debe estar conformada por diputados y no por representantes de la sociedad. Es decir, la Lotsj violó la Constitución.

¿Cuáles “magistrados exprés” no cumplen con los requisitos?

Calixto Ortega, Sala Constitucional (por su militancia política; tampoco tiene 15 años de ejercicio de la abogacía porque se graduó en 2006 en La Universidad del Zulia); Fernando Damiani, Sala Constitucional (por no tener 15 años de ejercicio de la abogacía); Lourdes Suárez, Sala Constitucional (su currículum no ha sido publicado en la página web del TSJ, ni tampoco tiene máster); Eulalia Guerrero, Sala Político Administrativa (no posee estudios de posgrado); Fanny Márquez, Sala Electoral (no posee estudios de posgrado); Christian Zerpa, Sala Electoral (no posee 15 años de ejercicio de la abogacía); Yván Darío Bastardo, Sala de Casación Civil (no se ha desempeñado como profesor); Juan Luis Ibarra, Sala de Casación Penal (fue sometido a un proceso disciplinario); Yanina Karabín, Sala de Casación Penal (es hermana de Luis Karabín, subdirector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas); y Jesús Manuel Jiménez, Sala Casación Social (honorabilidad en tela de juicio).

“Los tres magistrados exprés de la Sala Constitucional (SC) no cumplen con los requisitos. Es decir, que la AN si quisiera podría revocarlos. El asunto es que el TSJ ha emitido sentencias que han invalido decisiones anteriores del parlamento”, agrega.

Hay magistrados con condenas

¿La presidenta del TSJ, magistrada Gladys Gutiérrez, cumple con los requisitos?

No los cumple porque no tiene los 15 años de ejercicio de la abogacía. En su currículum dice que tiene 7 años de ejercicio como abogada en la Procuraduría General de la República, sin embargo, para su postulación trató de justificar este requisito con el desempeño de algunos cargos diplomáticos. También se ha dicho que su máster no es válido y eso, en realidad, no lo sabemos ni tenemos las pruebas.

“HA HABIDO BARBARIDADES DE SENTENCIAS QUE NO TIENEN JUSTIFICACIÓN”

¿Los magistrados son ilegítimos porque hubo violaciones a la Constitución?

Sí. La legitimidad de la AN o del Presidente de la República viene a través del voto de la mayoría y la legitimidad del magistrado desde sus credenciales y su capacidad como jurista.

¿El magistrado Maikel Moreno, primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Penal, cumple con los requisitos exigidos por la ley?

El magistrado Moreno tuvo una condena por homicidio y fue sentenciado por ello. Luego fue juez en los tribunales penales. Hay un requisito muy claro en la ley donde se establece que ninguna persona que haya sido condenada o sentenciada puede desempeñar el cargo de magistrado. Él, evidentemente, incumple este requisito. También se establece que no debe ser magistrado quien haya tenido una sanción administrativa de manera firme: y hay varios magistrados que incumplen esto porque fueron destituidos cuando fueron jueces.

La Constitución establece que los magistrados deben ser juristas reconocidos, ¿esto se cumple?

Yo no los conozco, ni nadie, no han escrito un libro, tampoco destacan como profesores, es decir, no cuentan con estas credenciales.

“Se violaron todas las leyes y normas”

¿Cómo evaluaron el proceso de postulaciones?

Fue un proceso que resultó peculiar. Por ejemplo, una semana después del anuncio de las postulaciones 13 magistrados se jubilaron. Inicialmente, se informó que el Comité elegiría a 5 magistrados suplentes, sin embargo, extrañamente, a la semana siguiente se jubilaron 13 magistrados titulares a quienes por cierto no les correspondía. Esto nos llamó la atención y le hicimos seguimiento.

¿Qué tipo de irregularidades observaron?

En enero de este año, la nueva AN instaló una comisión para revisar ese proceso y nos invitaron. Le entregamos un informe sobre las irregularidades que observamos. Por ejemplo, no había baremo para la selección y todos los lapsos fueron violados. Al respecto, la ley es muy específica al establecer un máximo de 30 días y esto no se cumplió. También fue extraño cuando se suspendió el proceso y, repentinamente, se retoma luego del resultado adverso para el oficialismo en las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, se apuraron en nombrar a los magistrados a toda velocidad. En los siguientes 15 días, además, se aprobaron numerosas leyes. En fin, se violaron todas las normas y leyes.

“HUBO POCA TRANSPARENCIA Y VICIOS EN LA POSTULACIÓN DE LOS MAGISTRADOS”

“Asimismo, hubo casos de diputados que perdieron las elecciones y, entonces, seguidamente, se postularon como magistrados. Son los casos de Christian Zerpa y Calixto Ortega. Otro hecho impresionante fue que el Comité de Postulaciones Judiciales, presidido por Elvis Amoroso, también estaba integrado por su secretaria, y además, por un funcionario y un empresario relacionados con el Psuv. Cuando se suspendió el proceso, Amoroso dejó de presidir el Comité para postularse y luego su hijo le sucedió en la presidencia del Comité”.

“El TSJ irrespeta la Constitución”

¿Se garantizó la transparencia?

Hubo muy poca transparencia en la escogencia de los representantes de la sociedad y allí se eligieron a militantes del Psuv. En el proceso en general no hubo normas claras. Durante esos días el entonces presidente de la AN, Diosdado Cabello, dijo que se estaba cumpliendo con la Constitución cuando era evidente que no era así y no había que ser jurista para uno darse cuenta de eso. El proceso estaba mal hecho. El Comité, además, estuvo viciado desde que se creó.

¿Fue democrático?

Al no participar la sociedad o el pueblo entonces deja de ser un proceso democrático obviamente. Tampoco participaron las universidades ni las ONG. Tampoco se abrió el lapso de impugnación y aun así fueron presentadas por el hecho de haber sido elegidos mediante un proceso inválido.

¿Existen irregularidades en las postulaciones o credenciales de los magistrados que no son los exprés?

Sí, nueve magistrados –que no son exprés- no han publicado su hoja de vida en la página web del TSJ, y esto es algo increíble. En el caso de los exprés son ocho y algunos tienen militancia política conocida y aunque digan lo contrario tienen el deber de presentar su renuncia expresa para demostrar sus credenciales.

¿Se ha comprobado que todos los magistrados son venezolanos de nacimiento o tienen otra nacionalidad?

Eso no está claro en el caso de algunos magistrados que no han publicado sus currículum, por tanto, no se puede saber si tienen otra nacionalidad. En cualquier proceso de postulación toda esa documentación debería estar en los expedientes pero en este caso no es así. Los expedientes no están bien armados en la AN debido a lo irregular que fue el proceso.

¿Se debe revertir o anular la designación de estos magistrados?

Cómo salir de este problema cuando el propio TSJ irrespeta la Constitución y, además, apoya al poder. Su rol debe ser exactamente lo contrario, es decir, limitar al poder a través del derecho y la Constitución con la finalidad de proteger a los ciudadanos. Es el mundo al revés. Es por ello que ha habido barbaridades de sentencias que no tienen ninguna justificación.

“Decisiones de la SC debe incluirnos a todos”

La SC es integrada por 7 magistrados, la más numerosa de todas con excepción de la Plena (donde participan los 32 magistrados que componen el máximo tribunal), ¿se justifica tal cantidad de magistrados?

Esa es una discusión complicada. Un órgano que tiene más gente, es más difícil que se ponga de acuerdo: más gente, más ineficiencia. Si se quiere un organismo más eficiente, debes tener menos gente allí. Con la LOTSJ del año 2004 se elevó a 5 la cantidad de magistrados por cada sala y 7 en la SC. La SC tiene el rol de discutir asuntos de gran envergadura tales como los derechos de los ciudadanos y sobre los límites al Estado. Entonces, es bueno que su discusión sea asamblearia, es decir, que haya distintos puntos de vista, pensamientos y representación de distintos sectores para que la solución jurídica nos incluya a todos de alguna manera.

¿Considera usted que deben revisarse las atribuciones de la SC?, ¿es la SC una súper sala que está por encima del TSJ y de los demás poderes públicos?

La Constitución sí le da muchas competencias, sin embargo, el problema fue que la SC creó atribuciones que no tenía, a interpretar a la Constitución de manera muy peculiar. En el 2010, la LOTSJ legalizó la SC que se había dado en la práctica pero que no estaba prevista en la Constitución. Por tanto, se puede decir que es una ley inconstitucional.

¿Cómo fue el proceso de recopilación de toda esta información?

La recopilamos a partir de notas publicadas en la prensa desde octubre de 2015 cuando la anterior AN anunció la instalación del Comité de Postulaciones Judiciales. Nos dedicamos a monitorear la gestión del TSJ. Consideramos importante y clave el proceso para elegir a sus autoridades porque los magistrados son la máxima autoridad del Poder Judicial. Por tanto, si no son elegidos de manera adecuada entonces no se puede tener justicia ni estado de derecho.

“Sistema judicial se deterioró”

¿Hay corrupción en el sistema judicial?

No tenemos pruebas de eso pero sí es evidente que hay corrupción. El sistema judicial se ha deteriorado tanto que llegan a cobrar de un lado y del otro. Un sistema que está parcializado políticamente ya es corrupto de por sí. Además, el gobierno desde el principio entendió muy bien que el mundo –e inclusive la mentalidad del ciudadano- de hoy se maneja a través del derecho y lo hizo a través del poder. Lo primero que hizo fue sacar a jueces, policías y fiscales, es decir, copó el sistema de justicia porque sabía que así podía hacer lo que quería.

¿Ha escuchado sobre la banda judicial de Los Enanos?

Sí, he oído y leído sobre ellos pero no tenemos información al respecto.

¿Es necesario refundar el Poder Judicial?

— Eso es complicado porque no podemos hacer lo que hizo Chávez, es decir, que ningún juez tiene estabilidad y todos se encuentran en una situación de veremos.

“La abogacía es casi imposible hoy en Venezuela”

¿En qué estado se encuentra el Poder Judicial bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro?

Sigue habiendo un deterioro progresivo hasta el punto de que no hay estado de derecho y cada vez hay menos democracia. Es necesaria la relación entre estado de derecho, independencia judicial y democracia.

ONG ACCESO A LA JUSTICIA: DE LOS 13 “MAGISTRADOS EXPRÉS”, 10 NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS

¿Cómo está el ejercicio de la abogacía en Venezuela?

El ejercicio del derecho en las actuales condiciones del país es casi imposible. Se ha vuelto una labor difícil y la abogacía ha descendido al nivel de gestor de trámites, incluso los grandes bufetes se dedican a realizar trámites y eso no es derecho sino gestoría. No hay nada profundo, además, no se respetan las leyes y la discrecionalidad se encuentra en todos lados. En el derecho administrativo y el derecho constitucional casi no hay trabajo porque el Estado siempre gana las sentencias. Ambas áreas se han visto afectadas desde el punto de vista laboral. Ha ocurrido que muchos abogados de estas ramas se van a trabajar en el área penal económico y corporativo porque allí hay más trabajo.

¿Cuáles son las causas del incremento de la delincuencia?

Son muchas las causas pero considero que se trata de una política de Estado. No puede ser que un órgano como la Fiscalía General de la República diga con tanta tranquilidad que hay 98 % de impunidad. Eso quiere decir que no está haciendo su trabajo. La policía, por su parte, no se ocupa del delito sino de las manifestaciones políticas, el gobierno interviene a los cuerpos policiales, les quita competencias, no se construyen cárceles, no aumenta la cantidad de jueces. Todo esto ha sido parte de una política de Estado para crear impunidad y violencia. Inclusive, se ha ido borrando el lindero entre estar dentro y fuera de la ley.