Begoña Gómez de Kirchner
«Tanto peronistas como sanchistas han hecho gala de victimismo y desafección a la separación de poderes, que les acerca a lo que son: opciones autoritarias»
Ilustración de Alejandra Svriz.
La señora Gómez tendrá que ser juzgada como todo quisque, con la salvedad de que ella aprovechó (presuntamente) su condición de esposa del presidente del Gobierno para hacer negocios particulares, lo que no está al alcance de cualquiera. La lógica democrática —ese unicornio feliz que trota por nuestra mente ingenua— sería que Pedro Sánchez, el ingeniero de cloacas, dejara la Moncloa por dignidad. La frase debería haber sido: «Una imputación tuya bastará para cesarme». No obstante, en un alarde de originalidad, el sanchismo ha decidido copiar al peronismo, y adoptar la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner (CFK). Se veía venir.
Es bueno recordar el mecanismo populista de la izquierda argentina para que estemos avisados y evitemos sorpresas. Cuando CFK fue acusada de corrupción, los suyos, esos mismos que se habían enriquecido mientras Argentina se empobrecía, los que hacían demagogia contra los ricos y engordaban el Estado para engordar su propia cuenta corriente, dijeron que era una persecución política de los jueces. El Poder Judicial era una mano oscura de intereses fascistas para acabar con el «Gobierno de progreso» argentino. Sí, han leído bien: «de progreso», si por progreso se entiende el aumento del déficit fiscal, la inflación y la deuda pública.
El peronismo —sigo con el hilo de CFK— habló de lawfare, es decir, de prevaricación flagrante para acabar políticamente con la izquierda. En su victimismo conspiranoico, todo era una oscura maniobra para acabar con la justicia social en Argentina y conseguir en los tribunales lo que no se lograba en las urnas. Lo mismo aquí: el sanchismo insiste en que los jueces son el brazo político de las derechas, que toman las denuncias de asociaciones «ultras», para acabar con el electoralmente imbatible Sánchez. Ambos, el peronismo y el socialismo sanchista, hablan de persecución personal, discriminación por odio al progresismo feminista ecosostenible y transformador.
En Argentina, los seguidores de CFK abrieron varios frentes que estamos viendo en España, aunque alguno todavía está en fase embrionaria. El primero fue usar a cargos públicos —gobernadores, ministros y representantes de la nación— para extender el argumento del lawfare contra la líder peronista. Aquí ha sucedido lo mismo: Óscar Puente, Bolaños, Patxi López y compañía han insultado repetidamente al Poder Judicial. En el mensaje, tanto peronistas como sanchistas han hecho gala de victimismo y desafección a la separación de poderes, que les acerca a lo que son: opciones autoritarias que toleran la democracia mientras les asegure el poder, y que, mientras tanto, manipulan a la gente sin pensar en las consecuencias.
Para mantener la ficción de que es una persecución política y personal, ambos negocios —me refiero al culto a CFK y a Sánchez—, han utilizado la polarización política. Cuanto más emocionalmente tocada esté la feligresía, más disonancia cognitiva se produce. Solo así se traga con la corrupción de los propios, y se repiten los mantras de los corruptos de que únicamente es lawfare.
«Ambos negocios —me refiero al culto a CFK y a Sánchez—, han utilizado la polarización política»
Ese discurso se extiende a través de la prensa amiga. Ha pasado en Argentina y está ocurriendo en España. Allí ocurrió en medios públicos y privados, como aquí, donde existe un equipo de opinión sincronizada. Esta situación explica anomalías como que, sin pruebas, el magistrado emérito Martín Pallín en TVE acuse de prevaricar a los jueces que se ocupan de los casos de corrupción del entorno político y familiar de Sánchez. Ni en el caso español ni el argentino importa la veracidad de la información que aportan los portavoces del Gobierno corrupto, sino la capacidad para desautorizar a los jueces y de movilizar a los suyos.
Y entramos en la última parte de la estrategia: la movilización callejera. En Argentina fueron continuas, masivas y violentas. Intervinieron autoridades políticas, sindicatos y movimientos sociales. La narrativa fue predecible e irracional: «Cristina es víctima del lawfare», «No a la proscripción» o «La Justicia es el partido opositor». Aquí, el sanchismo quiso poner en marcha el «Yo, con Begoña» e incluso repartió pulseras desde 2024 con el lema «Free Bego», como si fuera Nelson Mandela, pero en plan Liberad a Willy. Esta campaña ha sido ridícula, pero no descarto que saquen a los sindicatos y demás tropa a la calle cuando sea menester.
Y este es todo el arsenal estratégico y de ideas de la factoría de Moncloa. Recordemos que la Presidencia, en Moncloa, tiene 609 asesores, y que hay 1.264 en todo el Gobierno. Esto ha aumentado el gasto un 76,5% desde 2018. Ah, por cierto: el Ejecutivo acaba de desviar 309 millones destinados a Educación para el pago del personal de Presidencia, el mismo que copia a los peronistas cómo responder políticamente a imputaciones.
