Cuando la razón de Estado cede ante la militancia internacional

Durante buena parte del siglo XX, la política exterior fue concebida como una política de Estado. Los gobiernos cambiaban, las mayorías parlamentarias se alternaban y las ideologías competían por el poder, pero subsistía una convicción compartida: las relaciones internacionales no podían quedar completamente subordinadas a las urgencias de la política interna.

Existían intereses permanentes que trascendían los ciclos electorales y debían preservarse cualquiera que fuera el signo político del gobierno de turno. Esa idea, que durante décadas otorgó estabilidad y previsibilidad a numerosas democracias, comienza hoy a debilitarse.

La polarización, la expansión de redes ideológicas transnacionales y la influencia de liderazgos personalistas están modificando la manera en que algunos gobiernos conciben su actuación internacional. En determinados casos, la representación del Estado comienza a ceder espacio ante la representación de una comunidad ideológica que supera las fronteras nacionales.

No se trata de impedir que las ideas circulen ni de cuestionar que los gobiernos mantengan vínculos con partidos, organizaciones o dirigentes extranjeros con los que comparten determinadas convicciones. El problema comienza cuando esas afinidades dejan de ser una referencia política y pasan a condicionar las decisiones nacionales e internacionales de un Estado.

Es allí donde aparece un fenómeno que puede denominarse militancia internacional: la tendencia de un gobierno a orientar su conducta interior y exterior a partir de su pertenencia a una comunidad ideológica transnacional, incluso por encima de los intereses permanentes del país que representa.

Esto obliga a recuperar una distinción esencial: Gobierno y Estado no son la misma cosa.

Un gobierno expresa una mayoría política temporal. Posee un programa, una visión ideológica y un mandato limitado en el tiempo. El Estado, en cambio, representa la continuidad institucional de la nación. Sus responsabilidades no terminan con una elección ni deberían modificarse por completo con cada alternancia política.

El Estado debe preservar la soberanía, proteger las relaciones estratégicas, garantizar la continuidad de los compromisos internacionales y defender intereses que pertenecen al conjunto de la sociedad, no únicamente a quienes ejercen circunstancialmente el poder.

Esa diferencia constituye el fundamento de la razón de Estado.

No exige que los gobiernos renuncien a sus convicciones ni que la política exterior permanezca indiferente frente a la democracia, los derechos humanos o las transformaciones internacionales. Significa que esas convicciones deben encontrar un límite cuando comienzan a comprometer los intereses permanentes del país.

La política exterior es probablemente el ámbito donde esa distinción adquiere mayor importancia. Un gobierno puede modificar su política económica, su legislación tributaria o sus programas sociales, y muchas de esas decisiones podrán ser corregidas posteriormente. Pero resulta mucho más difícil reconstruir la confianza de un vecino, recuperar una alianza estratégica deteriorada o restablecer la credibilidad perdida por decisiones adoptadas desde la coyuntura partidista.

Las relaciones internacionales se construyen lentamente. La confianza entre los Estados puede necesitar décadas para consolidarse y apenas unos días para comenzar a deteriorarse.

Eso es precisamente lo que convierte la reciente actuación del presidente argentino Javier Milei en Brasil en un episodio que trasciende la controversia personal entre dos mandatarios.

Milei viajó a São Paulo para participar en un acto de apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Desde territorio brasileño respaldó abiertamente al bolsonarismo, atacó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y dirigió expresiones ofensivas contra el magistrado Alexandre de Moraes.

La reacción de Brasil no quedó limitada a una manifestación de desagrado. El Gobierno llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al representante diplomático argentino en Brasilia.

No se trató de una declaración improvisada pronunciada desde Argentina ni de una diferencia ideológica expresada durante una entrevista. El presidente argentino se trasladó al territorio del principal socio regional de su país para participar en su confrontación política interna y respaldar una candidatura enfrentada al gobierno anfitrión.

La diferencia no es menor.

Los presidentes pueden tener preferencias políticas y mantener vínculos con dirigentes extranjeros que comparten sus ideas. Pero cuando un jefe de Estado interviene públicamente en la campaña electoral de otro país, utiliza su investidura para convertir una afinidad partidista en un acto de política exterior.

Milei no habló en Brasil únicamente como dirigente de una corriente política. Habló como presidente de Argentina. Por esa razón, las consecuencias de sus palabras no recaen solamente sobre él ni sobre el movimiento que representa. Recaen sobre el Estado argentino.

La conducta adquiere mayor gravedad porque Argentina y Brasil no mantienen una relación secundaria. Constituyen los pilares centrales del Mercosur y comparten intereses comerciales, industriales, energéticos, productivos y de seguridad.

El propio diseño del bloque exige coordinación de políticas, posiciones comunes frente a terceros y una progresiva armonización entre sus Estados miembros. Cuando el presidente de uno de esos países participa directamente en la campaña del otro y utiliza su territorio para confrontar al gobierno anfitrión, la estabilidad de la relación bilateral comienza a depender de la capacidad de las instituciones para contener las consecuencias de la conducta presidencial.

La paradoja resulta evidente: mientras la ideología separa a los gobiernos, la economía obliga a los Estados a continuar cooperando.

El episodio tampoco puede ser observado de manera aislada. Pocos días antes, Brasil había negado visas a dos funcionarios estadounidenses que pretendían viajar al país antes de las elecciones presidenciales de octubre. Las autoridades brasileñas consideraron que la misión podía ser utilizada para cuestionar la integridad del sistema electoral e influir sobre el proceso político. Washington sostuvo que se trataba de una visita ordinaria destinada a conversar sobre integridad electoral, libertad religiosa y libertad de expresión.

Ambos episodios poseen características diferentes y no constituyen, por sí solos, una prueba concluyente de una estrategia común ni de una dirección centralizada. Sería imprudente afirmarlo sin evidencias suficientes. Pero también sería ingenuo considerarlos hechos completamente desconectados.

Su proximidad temporal, la coincidencia de sus mensajes, la convergencia de sus objetivos y la pertenencia de sus protagonistas a una misma constelación ideológica permiten formular una duda legítima:

¿Se trata únicamente de afinidades políticas que coinciden espontáneamente o de una red transnacional con creciente capacidad para intervenir simultáneamente en los procesos internos de distintos países?

Tal vez no exista una coordinación formal, visible o jerárquicamente organizada. Pero no todas las articulaciones políticas necesitan un mando único. La circulación constante de dirigentes, asesores, consignas, recursos comunicacionales, adversarios y estrategias puede producir efectos semejantes a los de una acción coordinada.

La internacionalización de las ideologías no es un fenómeno nuevo. Durante décadas existieron redes transnacionales vinculadas a proyectos socialistas, comunistas, socialdemócratas, liberales, democratacristianos y revolucionarios. Partidos, sindicatos, intelectuales, organizaciones y gobiernos construyeron vínculos que superaban las fronteras nacionales.

Lo novedoso es la velocidad con la que esas comunidades pueden articularse, la capacidad de las plataformas digitales para unificar sus discursos y la disposición de algunos gobernantes a trasladar esas lealtades al ejercicio de la política exterior.

MAGA constituye el ejemplo más visible de ese proceso.

Lo que comenzó como una consigna electoral estadounidense se ha transformado progresivamente en una identidad política exportable. Ya no designa únicamente un programa relacionado con Estados Unidos. Ha comenzado a funcionar como una gramática ideológica internacional: identifica enemigos, desacredita instituciones, confronta a los tribunales, cuestiona a los medios de comunicación, exalta liderazgos personalistas, rechaza determinadas formas de multilateralismo y presenta la política como una lucha permanente entre fuerzas irreconciliables.

Su expansión no significa que todos sus aliados internacionales adopten exactamente las mismas políticas. Las realidades de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Israel o Europa son demasiado diferentes para permitir una reproducción mecánica. Lo que se comparte es una manera de interpretar el poder, una narrativa sobre el orden mundial y una comunidad de adversarios.

Donald Trump se convierte así en algo más que el presidente de Estados Unidos. Para numerosos dirigentes representa el centro simbólico de una corriente internacional dentro de la cual cada confrontación nacional puede ser interpretada como un capítulo de una misma batalla global.

La identificación de Javier Milei con Trump, Benjamín Netanyahu y la familia Bolsonaro refuerza esa impresión. Su cercanía parece superar por momentos la coincidencia doctrinal y aproximarse a una adhesión política casi incondicional.

El presidente argentino no solo comparte algunas ideas con esos dirigentes. También tiende a asumir sus interpretaciones del orden internacional, sus adversarios y sus conflictos como partes de una causa común.

El problema no reside en que un mandatario posea aliados, simpatías o modelos internacionales. Aparece cuando esa identificación reduce la distancia necesaria entre la política exterior del Estado y las prioridades de gobiernos o movimientos extranjeros.

Un país deja entonces de preguntarse qué posición sirve mejor a sus intereses y comienza a preguntarse cuál corresponde a la comunidad ideológica con la que su gobernante se identifica.

Es allí donde se encuentra el límite entre una alianza y una subordinación.

La cuestión resulta especialmente delicada en América Latina. Las ideologías pueden internacionalizarse, pero las realidades nacionales no pueden copiarse.

Estados Unidos y los países europeos poseen administraciones, sistemas judiciales, infraestructuras, servicios públicos y mecanismos de integración territorial construidos durante décadas. En buena parte de América Latina, en cambio, el Estado continúa siendo una obra incompleta.

Todavía debe integrar territorios, profesionalizar instituciones, extender servicios públicos, garantizar seguridad, reducir desigualdades históricas y convertir formalmente a millones de habitantes en ciudadanos efectivamente protegidos por la ley.

Por eso, trasladar mecánicamente a la región discursos concebidos para limitar los excesos de Estados consolidados puede producir una profunda contradicción: intentar desmontar un Estado que aún no ha terminado de construirse.

La visita de Milei a Brasil convirtió una diferencia ideológica entre presidentes en un conflicto diplomático entre Estados. Su efecto inmediato ha sido el deterioro de la relación política. Su consecuencia más profunda podría ser la pérdida de confianza entre las dos mayores economías de América del Sur.

Brasil no puede dejar de preguntarse si las futuras decisiones argentinas responderán a una evaluación de los intereses bilaterales o a la posición adoptada por la comunidad política internacional con la que Milei se identifica.

Argentina, por su parte, queda expuesta a que una actuación destinada a obtener reconocimiento ideológico produzca costos diplomáticos, comerciales y estratégicos que sobrevivan al episodio.

Una victoria simbólica de un gobierno puede convertirse en una pérdida duradera para el Estado.

La transformación es particularmente preocupante porque ocurre mientras se debilita el orden internacional basado en reglas.

Las normas que regulan la convivencia entre los Estados nunca han eliminado las relaciones de poder ni han impedido que las grandes potencias actúen de manera selectiva. Pero establecieron límites, procedimientos y principios que permitían evaluar las conductas internacionales y exigir responsabilidades.

Entre esos principios se encuentran la soberanía, la no intervención, la solución pacífica de las controversias y el respeto a los compromisos internacionales.

Cuando los gobernantes comienzan a considerar esas normas como obstáculos prescindibles, el sistema pierde previsibilidad. La fuerza, la afinidad ideológica y la lealtad personal adquieren entonces mayor importancia que las instituciones.

La conducta de Milei en Brasil reproduce esa lógica a escala regional. La frontera, la investidura presidencial y las normas diplomáticas dejan de funcionar como límites frente a la militancia. El territorio de otro Estado se convierte en escenario de una confrontación ideológica internacional.

Lo ocurrido obliga, por tanto, a formular una pregunta que trasciende la relación entre Argentina y Brasil:

¿Qué sucede con la razón de Estado cuando un gobierno considera que su principal comunidad de pertenencia política se encuentra más allá de sus fronteras?

Cuando un gobernante comienza a sentirse más representado por una comunidad ideológica internacional que por los intereses permanentes de su propio país, la política exterior deja de ser política de Estado y comienza a transformarse en militancia internacional.

Esa transformación debilita la continuidad institucional, reduce la previsibilidad diplomática y convierte las alianzas internacionales en extensiones de las afinidades partidistas. Los aliados del movimiento político comienzan a confundirse con los aliados del país, mientras sus adversarios ideológicos pasan a ser tratados como adversarios del Estado.

Si ese comportamiento se reproduce en numerosos países, el daño deja de ser únicamente bilateral. Cada elección presidencial redefine las alianzas, modifica las prioridades diplomáticas y obliga a reconstruir los mecanismos de integración. La región pierde continuidad y capacidad para acumular poder.

La conducta de Milei en Brasil no afecta solamente la relación entre dos gobiernos. Debilita la confianza entre los dos Estados más importantes de América del Sur, introduce incertidumbre en el Mercosur y reduce la capacidad de la región para preservar intereses comunes frente a un orden internacional cada vez más fragmentado.

La unidad latinoamericana no es una aspiración romántica. Es una necesidad estratégica.

No exige uniformidad ideológica ni supone que todos los gobiernos deban compartir una misma interpretación del mundo. Exige reconocer que existen relaciones, intereses y responsabilidades regionales que no deberían quedar sometidos a las afinidades ideológicas de cada presidente.

Una región que modifica sus alianzas y comienza de nuevo después de cada cambio de gobierno termina negociando desde la debilidad.

Por eso, cuando un presidente lleva su militancia al territorio político de otro Estado, no solo altera una relación bilateral. Contribuye a construir un mundo en el cual las lealtades ideológicas transnacionales sustituyen las reglas, las instituciones y los intereses permanentes de las naciones.

Ese es el efecto más inquietante del episodio brasileño.

Milei pudo obtener reconocimiento dentro del universo político que comparte con Trump y el bolsonarismo. Pero el costo de esa identificación no recae únicamente sobre su gobierno. Recae sobre la relación entre Argentina y Brasil, sobre la estabilidad del Mercosur y sobre la capacidad de América Latina para preservar alguna forma de autonomía en un sistema internacional cada vez más dominado por la fuerza y la fragmentación.

Milei viajó a Brasil para respaldar a sus aliados.

La pregunta que queda abierta es ¿cuánto tendrá que pagar Argentina por esa militancia?