Después del interinato de Guaidó en Venezuela, no hay una nueva hoja de ruta para la democracia

Con el cese del gobierno interino en Venezuela, el viernes 30 de diciembre, la estrategia de presionar al máximo y al mismo tiempo aislar a Nicolás Maduro ha dado paso a una idea no acabada: aprovechar el reducido espacio cívico que aún persiste en el país y ofrecer los incentivos para que el gobierno chavista no camine hacia un autoritarismo totalmente cerrado. Sin embargo, pasada más de una semana de la decisión, no existe una hoja de ruta que permita pensar que, con la defenestración de Juan Guaidó, se podrá avanzar hacia la democratización de Venezuela.

Aquel viernes, durante el debate convocado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, las partes enfrentadas tenían básicamente dos argumentos. Los que rechazaban la salida de Guaidó y de su estructura, con el partido Voluntad Popular al frente, sostuvieron que era un suicidio político. Mientras tanto, quienes impulsaron el cese del gobierno interino —los miembros de los partidos Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática— afirmaban que este no había cumplido los objetivos para los cuales había sido instituido. La decisión que tomaron 72 personas (de un cuerpo legislativo integrado originalmente por 167 parlamentarios, de mayoría opositora) fue la del cese del gobierno interino y, a la vez, extender el mandato de la Asamblea por un año más.

Pero más que un suicidio, el procedimiento que más se ajusta es una eutanasia.

En febrero de 2019, a menos de un mes de su autoproclamación como presidente encargado, luego de asumir la presidencia del Poder Legislativo, Guaidó se topó con la realidad: pese a tener el respaldo internacional, Estados Unidos entre dichos países, no tenía ningún control sobre el territorio venezolano.

Además, el interinato suponía ser una iniciativa de carácter temporal y que debía hacer realidad el mantra: “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Sin embargo, este gobierno asumió, a mediados de 2019, una vocación de permanencia al plantear que debía mantenerse mientras Maduro siguiera en el poder y hasta que se lograran elecciones.

El cese del interinato lucía necesario. Llegado al punto de debilidad que alcanzó la oposición, no había muchas opciones. A diferencia del entusiasmo que Guaidó despertó inicialmente en el seno de la oposición, esta vez lo que se percibe es un clima de resignación. Y, con el correr de los días, lo que parece quedar claro es que el primer incentivo que por el momento puede evitar que el chavismo sea más autoritario es su propio interés en que Estados Unidos y otros países reduzcan el régimen de sanciones que tienen hacia el gobierno de Maduro.

El 3 de enero, voceros de Primero Justicia dijeron que van a buscar fortalecer la negociación que se realiza en México con el gobierno de Maduro, sin mayores precisiones. Dos días después, la AN escogió una junta directiva integrada por la presidenta Dinorah Figuera, la vicepresidenta Marianela Fernández y la segunda vicepresidente Auristela Vásquez de Castillo. Todas ellas viven fuera de Venezuela. El rol fundamental que le toca a esta AN es la administración de los recursos venezolanos en el extranjero que están bloqueados para el gobierno de Maduro. Estados Unidos ha dicho que solo reconoce a esta AN electa hace siete años.

El manejo de los recursos económicos llevó a que, mientras la mayoría de la AN deponía a Guaidó, al mismo tiempo prorrogaba la vigencia del cuerpo legislativo, cuyo periodo debió concluir en enero de 2021. Sin embargo, el gobierno de Maduro ya ha anunciado acciones legales contra la nueva directiva, algo que evitó contra Guaidó en su momento.

Aunque la decisión del cese de Guaidó lucía inaplazable y la opción presentada de tener una Asamblea “eterna” no resuelve el problema de fondo, aún queda una pequeña ventana para algunas acciones. Sin embargo, es un camino para nada exento de riesgos: cohabitar con Maduro sin dejar de reconocer las violaciones de derechos humanos en Venezuela y el hecho de que su gobierno no es democrático.

Los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo generalmente han tenido un desempeño más moderado que otras organizaciones opositoras. Por eso es sencillo suponer que son proclives a no ser maximalistas en la mesa de negociación de la que hacen parte en México, como integrantes de la alianza política opositora Plataforma Unitaria. No obstante, en esa misma plataforma hay representantes de los partidos que apoyan al interinato. Eso augura algunas dificultades para avanzar en esas conversaciones. A menos que Estados Unidos flexibilice aún más sus posiciones respecto a Maduro y con ello ofrezca distintas opciones a las que están hoy sobre la mesa. Ese país busca que haya elecciones en Venezuela y sobre ese objetivo puede usar la distensión de algunas sanciones.

Toca explorar los avances en la agenda acordada en México en agosto de 2021, especialmente en lo que se refiere a un proceso electoral con integridad y el respeto a los derechos humanos.

En noviembre pasado, los representantes del gobierno de Maduro y de la Plataforma Unitaria que participan en esta mesa firmaron un acuerdo parcial enfocado en el aspecto social y que involucraba el acceso, por parte de Maduro, a fondos por unos 3,000 millones de dólares que están congelados. Sin embargo, a la fecha no hay avances significativos para su implementación. Maduro se quejó recientemente de que ha habido dificultades para la liberación de tales recursos.

Las fuerzas democráticas venezolanas y sus aliados tienen poco espacio para la acción. Sin embargo, deben enfrentar el gran reto de convertir el desmantelamiento del gobierno interino —que, para mí, es una capitulación— en una oportunidad para ayudar a reconstruir a las organizaciones de partidos políticos. Así realmente podrán enfrentar un proceso electoral con alguna oportunidad de triunfo.

Luz Mely Reyes es periodista y analista política. En 2015 cofundó el medio independiente Efecto Cocuyo, del que es directora.