Gehard Cartay Ramírez: Tutela vergonzosa, régimen de facto y laberinto opositor
Justo cuando se esperaba lo contrario, en Venezuela todo empeora después del tres de enero, incluyendo las devastadoras consecuencias de los dos terremotos del 24 de julio pasado que afectaron al centro del país y al litoral guaireño, una inmensa desgracia desde todo punto de vista que tardaremos algún tiempo en superar.
La verdad es que, durante estos casi siete meses, el gobierno de Estados Unidos sigue repitiendo la monserga de las tres fases: estabilización política, recuperación económica y salida electoral, en ese mismo orden, aunque ninguna de las tres se esté cumpliendo en forma alguna.
Y esa es la amarga verdad: Trump se jacta de que maneja nuestro petróleo -con la conchupancia de sus vasallos miraflorianos-, pero los miles de millones de dólares provenientes de su venta, aunque se anuncian a cada rato, no aparecen por ninguna parte ni tampoco han significado una mejora en medio de nuestra tragedia nacional. Lo peor es que tampoco se sabe en qué se están invirtiendo, si fuera el caso, y todo ese misterio hace presagiar que seguimos siendo saqueados, antes por los aliados chinos, rusos, turcos y cubanos del régimen, y ahora por “su nuevo mejor amigo”.
Indigna esta situación, precisamente porque nunca antes en nuestra historia republicana como nación independiente, Venezuela había tenido un gobierno de facto impuesto por una potencia extranjera, algo realmente vergonzoso y escandaloso a estas alturas de nuestra contemporaneidad.
Y es que -insisto- mientras en la metrópolis gringa se habla de miles de millones de dólares ingresados por la venta de nuestro petróleo, los venezolanos seguimos viviendo en las peores condiciones imaginables, por lo que las mentiras del presidente de Estados Unidos son una burla cruel e irrespetuosa cuando afirma, como lo ha repetido varias veces, que mientras ellos hacen negocios con nuestros petrodólares, “en Venezuela la gente baila en las calles y está muy contenta”.
Mientras tanto, el pasado mes de julio hubo un atisbo de que la cuestión política podía aproximarse a la última fase, al anunciar el Departamento de Estado la integración de una comisión con miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015 y la actual de 2024. El objetivo primario, según se dijo, es discutir el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral, cuya integración se ajuste a criterios de honestidad, transparencia y efectividad, muy distintos a los que caracterizan al actual organismo electoral, no sólo como consecuencia del megafraude del 28 de julio de 2024, sino desde mucho tiempo antes.
Aparte de su inicio fallido al no haberse reunido el pasado primero de agosto como había sido anunciado urbi et orbi, el problema fundamental es que quienes integran esa supuesta comisión carecen de representatividad, y ello sin entrar a analizar la vigencia ya agotada de la Asamblea Nacional de 2015 o la falta de legitimidad de la actual, un problema que para el gobierno de Estados Unidos carece de relevancia, por lo visto. Por cierto que el temario inicial, publicado por ambas partes, parece que va a incluir una discusión inicial sobre el sexo de los ángeles, a falta de temas concretos, que los hay, aunque se ignoren.
Al gobierno de Trump, por lo visto, tampoco le importa mucho que en Venezuela opere un régimen de facto que nadie ha elegido y que se mantiene en abierta violación de la soberanía popular y de la Constitución de 1999. Tanto el Departamento de Estado como su embajada en Caracas no le dan ninguna importancia a su Artículo 5, según el cual “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”. Y agrega, para que no haya duda alguna: “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”.
Por eso mismo, los grandes ausentes en tales negociaciones son, precisamente, los que hoy representan a la mayoría de los venezolanos, es decir, la oposición liderizada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, respaldados por los resultados electorales del 28 de julio de 2024, que -como lo sabe todo el mundo- fueron desconocidos por el actual régimen y, al parecer, también por el gobierno de Estados Unidos.
No obstante, tanto Machado como González Urrutia anunciaron que no se opondrán a esas negociaciones, pero, al mismo tiempo, aclararon que por no formar parte de ellas estarán alertas en cuanto a sus resultados, que esperan sean conformes con la inmensa voluntad de cambio de los venezolanos, y que deben concluir con la libertad de todos los presos políticos; el nombramiento de un nuevo CNE que represente ese sentir nacional y no sea cuota de grupos; el final del secuestro de los partidos políticos; y el cumplimiento de un cronograma de elecciones que debe comenzar cuanto antes con los comicios presidenciales y de un nuevo poder legislativo nacional, a los fines de iniciar la reinstitucionalización de la República.
En realidad, la salida a la crisis venezolana sólo podrá ser enfrentada airosamente siempre que un gran movimiento de unidad nacional congregue a todos los que disienten del régimen, olvidando agravios pasados y visiones distintas sobre la manera de salir del atolladero en que nos hundió el chavomadurismo y sus causahabientes actuales. Lo lógico sería que todas las posiciones anteriores confluyeran en aquella que ahora reúne el mayor consenso y apoyo popular.
Por supuesto que esa unidad nacional debe excluir cartas marcadas, agendas ocultas, reconcomios por liderazgos fracasados o entendimientos por debajo de la mesa con el Rodrigato. Debe adelantarse honestamente una estrategia exitosa frente al régimen y configurar una real transición política que reúna los mayores apoyos posibles para superar eficazmente lo que ahora pareciera una situación que no evoluciona positivamente, conforme los anhelos de la opinión pública.
